La Fiscalía de Estados Unidos rechazó que Nicolás Maduro pueda acogerse a inmunidad en el proceso penal que enfrenta ante la Justicia federal en Nueva York y sostuvo que Venezuela no ha presentado una solicitud formal para que esa protección sea reconocida al exmandatario ni a su esposa, Cilia Flores.
La posición fue expuesta en un memorando presentado ante el juez Alvin K. Hellerstein, encargado del proceso. De acuerdo con el documento, los fiscales estadounidenses sostienen que Venezuela no ha afirmado que Maduro o Flores sean inmunes al proceso penal abierto en Estados Unidos ni a ningún otro procedimiento pendiente en ese país.
La Fiscalía contrastó esta situación con la de Delcy Rodríguez. Según el documento judicial, el 14 de mayo la Embajada de Venezuela presentó una nota diplomática mediante la cual solicitó formalmente que Rodríguez recibiera inmunidad como jefa de Estado en el caso civil «Kenemore vs. Maduro», abierto en Florida y en el que figuran como demandados tanto Rodríguez como Maduro.
Posteriormente, el 20 de julio, Estados Unidos comunicó al tribunal de Florida que reconocía a Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela y que, por esa condición, gozaba de inmunidad frente a esa demanda. La Fiscalía señaló que Caracas tampoco solicitó inmunidad para Maduro dentro de ese procedimiento.
La defensa de Maduro busca que el tribunal tome en consideración su antigua condición de presidente venezolano para reconocerle inmunidad frente al proceso penal. Los fiscales, sin embargo, sostienen que Washington dejó de reconocer a Maduro como presidente de Venezuela en enero de 2019 y que esa posición no ha sido revertida.
El Gobierno estadounidense también sostiene que los tribunales deben otorgar deferencia a la determinación del Poder Ejecutivo sobre quién es reconocido oficialmente como jefe de Estado extranjero. Con ese argumento, la Fiscalía pidió al juez Hellerstein rechazar las solicitudes presentadas por Maduro y Flores para desestimar la acusación.
La audiencia dedicada al reclamo de inmunidad está programada para el 17 de noviembre, mientras que el juicio está previsto para junio de 2027. El caso representa uno de los principales frentes de la defensa de Maduro, que busca evitar que el proceso penal avance bajo la jurisdicción federal estadounidense.