Santo Domingo.– Una comisión especial de la Cámara de Diputados que estudia la modificación de la Ley 339-22 recibió este jueves a representantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con el propósito de conocer sus propuestas para actualizar la normativa que regula el uso de medios digitales en los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial.
El encuentro forma parte del proceso de revisión de la legislación, luego de aproximadamente cuatro años de implementación de la Ley 339-22. Durante la reunión, los representantes del Poder Judicial expusieron sus consideraciones sobre los cambios que podrían incorporarse al marco jurídico para responder a las nuevas necesidades surgidas con el desarrollo de la justicia digital.
El presidente de la comisión especial, diputado Tobías Crespo, explicó que los legisladores están escuchando las propuestas de las instituciones directamente vinculadas con la aplicación de la normativa.
Crespo señaló que la evolución tecnológica experimentada desde la aprobación de la legislación hace necesario revisar algunas de sus disposiciones y determinar cuáles aspectos requieren ser adaptados.
La Ley 339-22 establece el marco para la utilización de herramientas digitales dentro de los procesos judiciales y procedimientos administrativos relacionados con el Poder Judicial.
Su implementación permitió ampliar el uso de mecanismos tecnológicos en diferentes etapas de los procedimientos, facilitando la incorporación de medios digitales en la interacción entre las instituciones judiciales y los usuarios del sistema.
Sin embargo, los cambios tecnológicos registrados durante los últimos años han generado nuevas necesidades que no necesariamente estaban contempladas cuando fue aprobada la normativa.
Por esta razón, la comisión especial trabaja en una propuesta de modificación que tome en cuenta la experiencia acumulada durante los primeros cuatro años de aplicación de la ley.
La participación de representantes de la Suprema Corte de Justicia busca precisamente recoger las experiencias y recomendaciones de quienes han estado vinculados directamente con la implementación de los mecanismos de justicia digital.
Durante las discusiones también se procura identificar las áreas en las que la legislación puede ser mejorada para garantizar que las herramientas tecnológicas continúen contribuyendo al funcionamiento de los procesos judiciales.
El diputado Crespo indicó que el proceso de revisión debe tomar en cuenta los avances alcanzados y las nuevas herramientas disponibles, con el objetivo de que la legislación mantenga correspondencia con la realidad tecnológica actual.
La actualización del marco legal podría abarcar aspectos relacionados con los procedimientos digitales y las condiciones necesarias para garantizar su aplicación efectiva dentro del sistema de justicia.
La comisión continuará escuchando a los diferentes actores vinculados con la normativa antes de avanzar hacia una propuesta definitiva de modificación.
El objetivo es que cualquier cambio legislativo responda a las necesidades actuales del Poder Judicial y permita fortalecer el uso de la tecnología en los procesos judiciales y administrativos.
El análisis de la Ley 339-22 forma parte de los esfuerzos del Congreso Nacional por adecuar el marco jurídico dominicano a los cambios tecnológicos que han transformado diferentes áreas de la administración pública y la prestación de servicios.
Las conclusiones de la comisión serán utilizadas para continuar el estudio de la iniciativa y determinar las modificaciones que eventualmente serán sometidas a consideración de la Cámara de Diputados.