La entidad informó que las acciones de fiscalización se realizaron durante el primer semestre mediante controles de riesgo y verificaciones en puertos, aeropuertos y establecimientos comerciales
La Dirección General de Aduanas (DGA) informó que recuperó RD$1,652 millones en impuestos que no habían sido declarados y que correspondían a 389 importadores de origen chino durante el primer semestre del año.
De acuerdo con la entidad, los resultados forman parte de las acciones de control y fiscalización que se desarrollan para identificar posibles irregularidades en las operaciones de comercio exterior y garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para los importadores.
La DGA explicó que la recuperación de estos recursos fue posible mediante la aplicación de controles de riesgo y diferentes mecanismos institucionales utilizados para elaborar perfiles y realizar análisis sobre las operaciones registradas en los principales puntos de entrada de mercancías al país.
Entre las áreas donde se concentraron estos controles se encuentran los puertos y aeropuertos, espacios en los que las autoridades aduaneras realizan procesos de revisión y análisis de las mercancías que ingresan al territorio dominicano.
La estrategia, sin embargo, no se limita a las verificaciones realizadas en las zonas primarias aduaneras. La DGA informó que, a través de su Gerencia de Fiscalización, también ha ampliado las labores de fiscalización a posteriori fuera de estas áreas.
Este tipo de acciones permite que las autoridades continúen revisando las operaciones relacionadas con las mercancías después de que estas han salido de las zonas primarias. Para ello, los equipos de fiscalización realizan intervenciones y verificaciones directamente en establecimientos comerciales.
Según la información suministrada por la institución, estas labores se han desarrollado en establecimientos ubicados tanto en Santo Domingo como en Santiago de los Caballeros, como parte de la ampliación de los mecanismos de control.
La fiscalización a posteriori constituye una herramienta para profundizar en el análisis de las operaciones de importación y verificar que las obligaciones correspondientes hayan sido cumplidas correctamente. En este proceso, las autoridades pueden contrastar la información disponible y realizar verificaciones sobre las operaciones comerciales.
El monto recuperado, de RD$1,652 millones, corresponde a impuestos que la institución identificó como no declarados en las operaciones vinculadas a los 389 importadores señalados por la DGA.
La entidad presentó estos resultados como parte de los esfuerzos que desarrolla para fortalecer la fiscalización aduanera y mejorar los mecanismos destinados a detectar inconsistencias en las declaraciones de mercancías y en las obligaciones tributarias relacionadas con las importaciones.
La utilización de perfiles de riesgo permite a las autoridades concentrar sus mecanismos de revisión en determinadas operaciones que requieren un análisis más detallado. A esto se suman las verificaciones realizadas posteriormente en establecimientos comerciales, ampliando el alcance de los controles más allá de los puntos de entrada.
Las acciones también forman parte de una estrategia institucional orientada a reforzar la supervisión del comercio exterior y procurar que las mercancías importadas cumplan con los procedimientos y obligaciones correspondientes.
Con la ampliación de las fiscalizaciones a posteriori en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, la DGA busca extender la capacidad de supervisión sobre las operaciones comerciales y detectar posibles diferencias que no necesariamente pueden identificarse únicamente durante el proceso de entrada de las mercancías.
Los resultados correspondientes al primer semestre reflejan, según la institución, el impacto económico de estos mecanismos de control. La recuperación de los RD$1,652 millones representa recursos que, de acuerdo con la DGA, pudieron ser identificados y recuperados mediante las labores de fiscalización desarrolladas durante ese período.
La institución mantiene así una estrategia que combina controles en puertos y aeropuertos con procesos de fiscalización posteriores, con el objetivo de fortalecer la supervisión de las importaciones y el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y tributarias en el país.