Washington.– El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra la ciudad de San José, California, y el Departamento de Policía local por el cobro de una tarifa de US$1,591 para solicitar una licencia de porte de armas ocultas.
La acción judicial sostiene que el costo impuesto por la ciudad representa una barrera excesiva para quienes buscan obtener el permiso y, según el Gobierno federal, vulnera las protecciones establecidas en la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
De acuerdo con los documentos del caso, la tarifa fue establecida mediante una resolución municipal aprobada en junio de 2026. El esquema contempla que el solicitante pague inicialmente el 20 % del monto, equivalente a US$318, mientras que los US$1,273 restantes deben ser abonados cuando la licencia sea emitida.
El Departamento de Justicia argumenta que San José cobra una de las tarifas más elevadas del país para este tipo de licencia y sostiene que el monto supera ampliamente los costos establecidos en otras grandes ciudades estadounidenses.
La dependencia federal señaló específicamente que Nueva York, Washington D. C., Boston y Chicago cobran tarifas considerablemente inferiores a la establecida por San José. El DOJ considera que una tarifa de esta magnitud puede impedir que ciudadanos comunes puedan acceder al proceso de autorización para portar un arma de fuego.
La demanda también cuestiona la forma en que el Departamento de Policía de San José implementa el sistema de permisos. El documento presentado ante el tribunal federal sostiene que la aplicación de la política municipal forma parte de las actuaciones que el Gobierno federal considera contrarias a los derechos protegidos por la Segunda Enmienda.
Además de la tarifa municipal, los solicitantes deben cubrir otros gastos asociados al procedimiento. La propia Policía de San José indica que el proceso requiere una evaluación psicológica y un curso de capacitación para portar armas, cuyos costos son asumidos directamente por los solicitantes. También pueden aplicarse tarifas estatales y cargos relacionados con las huellas dactilares y la identificación policial.
El Departamento de Justicia fundamenta su posición en precedentes de la Corte Suprema relacionados con los permisos para portar armas. Según el Gobierno federal, aunque los estados y gobiernos locales pueden establecer sistemas de licencias, las tarifas no deben convertirse en un mecanismo que haga inaccesible el ejercicio del derecho constitucional.
La demanda busca que el tribunal federal determine si el esquema establecido por San José es compatible con la Constitución y con las normas que regulan los procesos de autorización para portar armas.
La ciudad y su departamento policial deberán responder ante el proceso judicial y defender la legalidad de las disposiciones cuestionadas. La presentación de la demanda no representa por sí misma una determinación judicial definitiva sobre la constitucionalidad de la tarifa.
El caso coloca nuevamente en el centro del debate estadounidense la relación entre las regulaciones para el porte de armas, los costos administrativos y los derechos constitucionales protegidos por la Segunda Enmienda.
Mientras avanza el proceso, corresponderá al tribunal evaluar los argumentos presentados por el Departamento de Justicia y las autoridades de San José antes de emitir una decisión sobre la legalidad del sistema de tarifas.