Santo Domingo.– La Contraloría General de la República (CGR) inspeccionó 337 inmuebles vinculados a contratos de alquiler y arrendamiento de instituciones públicas durante el período comprendido entre marzo y agosto de 2026, como parte de un proceso de fiscalización técnica orientado a fortalecer los controles sobre el uso de los recursos del Estado.
De los inmuebles evaluados, 328 recibieron autorización de no objeción, mientras que otros permanecen sujetos a las verificaciones correspondientes. Los contratos relacionados con estas propiedades representan un monto conjunto superior a RD$2,011.9 millones y US$33.5 millones, de acuerdo con el balance presentado por la institución.
El contralor general de la República, Geraldo Espinosa, explicó que las inspecciones permiten incorporar criterios técnicos antes de que las instituciones públicas asuman o continúen compromisos relacionados con el alquiler de inmuebles.
El funcionario destacó que el objetivo es comprobar directamente las condiciones de las propiedades y determinar si existe correspondencia entre las necesidades planteadas por las instituciones y las características de los inmuebles que pretenden utilizar.
Dentro del proceso, el Departamento de Ingeniería y Arquitectura inspeccionó 243 inmuebles y otorgó 236 autorizaciones de no objeción. Mientras tanto, la Dirección de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental evaluó otros 94 inmuebles y autorizó 92.
En total, la Contraloría recibió durante el período analizado 351 solicitudes de inspección, de las cuales 337 habían sido evaluadas y otras 14 permanecían pendientes o programadas.
Las inspecciones abarcan propiedades destinadas a diferentes usos dentro de las instituciones estatales. Entre los inmuebles revisados predominan los utilizados como oficinas, almacenes y estacionamientos, además de centros educativos privados que son utilizados para impartir docencia a estudiantes de escuelas públicas.
Una parte importante de las solicitudes corresponde también a renovaciones de contratos existentes, por lo que las verificaciones buscan determinar si las condiciones que justificaron inicialmente el alquiler continúan presentes y si el inmueble mantiene las características necesarias para el servicio que presta la institución.
El proceso tiene alcance nacional y contempla evaluaciones en distintas provincias del país. Entre las localidades donde se han registrado operaciones figuran Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata, Barahona, Duarte, Azua, San Pedro de Macorís y Samaná, además del Gran Santo Domingo.
De acuerdo con la información suministrada, los mayores montos relacionados con los contratos inspeccionados se concentran en el Gran Santo Domingo, donde se registra una parte importante de las propiedades utilizadas por instituciones públicas.
La Contraloría también informó que algunas instituciones presentan un volumen considerable de solicitudes. Entre ellas se encuentra el Ministerio de la Mujer, que registró 56 solicitudes de inspección relacionadas principalmente con casas de acogida y oficinas institucionales. Al cierre del período evaluado, 39 de esas inspecciones ya habían sido realizadas.
La fiscalización técnica busca evitar que el proceso de alquiler de inmuebles públicos se limite a una revisión documental. Las autoridades procuran comprobar sobre el terreno aspectos relacionados con la ubicación, las condiciones físicas y las características de cada propiedad.
El criterio técnico también permite determinar si el inmueble propuesto resulta adecuado para la necesidad que pretende cubrir la institución solicitante y si las condiciones existentes justifican la contratación o renovación del arrendamiento.
La Contraloría considera que este tipo de control contribuye a un uso más racional de los fondos públicos, debido a que los alquileres representan compromisos financieros que pueden extenderse durante períodos prolongados.
La revisión previa de las propiedades permite contar con información adicional antes de formalizar los contratos y fortalece los mecanismos de supervisión sobre los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones estatales.
El proceso de fiscalización obligatoria de los alquileres y arrendamientos estatales comenzó a aplicarse desde el 1 de marzo de 2026, dentro de las medidas establecidas por la Contraloría para reforzar el control previo sobre este tipo de operaciones.
Con estas inspecciones, la institución busca que las decisiones relacionadas con el alquiler de propiedades estén respaldadas por verificaciones técnicas y que los recursos destinados a estos compromisos respondan a necesidades concretas del Estado.
La Contraloría sostiene que el control debe funcionar como una herramienta de prevención y no únicamente como un trámite administrativo. En ese sentido, las inspecciones permiten identificar posibles inconsistencias antes de que una institución formalice o renueve un contrato.
El balance presentado corresponde a los primeros meses de aplicación de este mecanismo de fiscalización y refleja el volumen de propiedades que han sido sometidas a revisión técnica durante 2026.
La medida forma parte de los esfuerzos para fortalecer los controles sobre la administración pública y garantizar que los recursos destinados al alquiler de inmuebles sean utilizados de manera eficiente y conforme a las necesidades de las instituciones.
El proceso continuará con las solicitudes pendientes y con las nuevas inspecciones que correspondan, de acuerdo con los requerimientos de las entidades públicas y las disposiciones de control establecidas por la Contraloría.