Freddy Núñez Jorge y Evaristo Ozoria Rodríguez enfrentan acusaciones por el supuesto uso irregular de subvenciones deportivas, falsificación de documentos y lavado de activos
El Cuarto Tribunal del Distrito Nacional, presidido por la jueza Yanibet Rivas, tiene previsto continuar este lunes 19 de octubre con el juicio de fondo contra Freddy Núñez Jorge y Evaristo Ozoria Rodríguez, conocido como Aníbal, presidente y tesorero de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem), respectivamente.
Los dos directivos enfrentan acusaciones de corrupción, falsificación de documentos, estafa agravada, asociación de malhechores y lavado de activos, en un expediente que investiga el presunto manejo irregular de recursos vinculados a las subvenciones destinadas al ámbito deportivo.
De acuerdo con la Fiscalía, los imputados habrían utilizado parte de esos fondos para cubrir gastos personales, entre ellos la compra de vehículos, medicamentos, viajes y seguros. Estas operaciones forman parte de los señalamientos que el órgano acusador presenta en el proceso judicial.
La acusación sostiene, además, que algunas transacciones se habrían realizado bajo conceptos que presuntamente ocultaban el destino real del dinero. Entre las operaciones señaladas figura la supuesta adquisición de un Jeep Cherokee y un automóvil de la marca Kia.
Los señalamientos deberán ser examinados en el marco del juicio, durante el cual corresponde a las partes presentar y discutir los elementos relacionados con las imputaciones. La versión de la Fiscalía constituye la acusación del órgano persecutor y no equivale por sí misma a una declaración de culpabilidad.
La continuación del proceso permitirá avanzar en el conocimiento de fondo de las acusaciones contra los responsables de la dirección y administración de la federación deportiva. El caso pone bajo escrutinio judicial el presunto uso de fondos provenientes de subvenciones y las operaciones que, según el expediente, habrían servido para destinarlos a fines distintos de los correspondientes.
La decisión final sobre la responsabilidad penal de los imputados corresponde al tribunal, una vez examinados los elementos sometidos a su consideración y cumplidas las etapas del proceso judicial.