São Paulo.– El Gobierno de Brasil rechazó las críticas formuladas por Estados Unidos sobre la actuación de las autoridades brasileñas frente al narcotráfico y el crimen organizado, luego de que un informe enviado por el presidente estadounidense Donald Trump al Congreso cuestionara los esfuerzos del país sudamericano contra las organizaciones criminales.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil respondió que las afirmaciones estadounidenses no toman en cuenta las acciones desarrolladas por el Gobierno brasileño para enfrentar a las facciones criminales y el tráfico de drogas.
Entre las medidas citadas por las autoridades brasileñas se encuentra la denominada Ley Antifacciones, aprobada en marzo de 2026, que contempla penas más severas para los principales líderes de las organizaciones criminales y establece mecanismos destinados a afectar financieramente las operaciones de estos grupos.
El Ministerio de Justicia también destacó las numerosas operaciones realizadas durante los últimos meses por las fuerzas federales y otros organismos de seguridad para combatir el crimen organizado, el tráfico de armas y otras actividades vinculadas a las estructuras criminales.
Las autoridades brasileñas defendieron además la cooperación que mantienen con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el crimen transnacional. Según el Gobierno de Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregó personalmente a Trump, durante una reunión celebrada en mayo en Washington, una propuesta para fortalecer la cooperación bilateral en áreas como el combate al lavado de dinero, el intercambio de inteligencia y la lucha contra el tráfico de armas.
El Gobierno brasileño señaló que todavía espera una respuesta estadounidense a esas propuestas y sostuvo que la cooperación internacional constituye un elemento importante para enfrentar organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.
Un elemento destacado por Brasil es que, pese a las críticas incluidas en el documento estadounidense, el país no fue incluido en la lista de 23 naciones identificadas formalmente por Estados Unidos como principales países productores o de tránsito de drogas para el año fiscal 2027.
El Ministerio de Justicia brasileño explicó que la referencia a Brasil aparece en la parte narrativa del documento estadounidense y no corresponde a la clasificación formal prevista por la legislación de Estados Unidos para los principales países productores o de tránsito de drogas.
La controversia se produce además en un contexto político particularmente sensible para Brasil, debido a la proximidad de las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta está prevista para el 4 de octubre de 2026.
El Gobierno de Lula ha expresado preocupación por cualquier posible interferencia externa en el proceso electoral brasileño y ha defendido la soberanía del país para definir sus asuntos internos.
Mientras tanto, las autoridades brasileñas aseguran que continuarán desarrollando operaciones de inteligencia, investigación y represión contra las organizaciones criminales, además de mantener los mecanismos de cooperación internacional.
Brasil sostiene que el combate al crimen organizado requiere una acción permanente y coordinada entre las instituciones nacionales y los países que enfrentan redes criminales transnacionales.
La respuesta oficial deja abierta la discusión entre ambos gobiernos sobre la efectividad de las estrategias utilizadas contra el narcotráfico y las facciones criminales, mientras Brasil insiste en que sus acciones de seguridad deben ser evaluadas tomando en cuenta las medidas adoptadas durante los últimos meses.