La institución informó que alrededor de 18,000 títulos se encuentran en proceso de entrega y que otros certificados permanecían con el cintillo de “intransferible” desde hace décadas
Miles de propietarios que durante años han enfrentado limitaciones para vender, hipotecar, ampliar o aprovechar económicamente sus inmuebles podrían beneficiarse del programa de titulación que desarrolla la Dirección General de Bienes Nacionales.
El director de la institución, Rafael Burgos, informó que actualmente existen alrededor de 18,000 títulos de propiedad que se encuentran en proceso de entrega. Este componente forma parte de las acciones que buscan avanzar en la regularización y formalización de propiedades pendientes de documentación definitiva.
A este proceso se suma otro de los componentes señalados por Burgos, relacionado con la liberación de aproximadamente 350,000 títulos antiguos que todavía figuran con el cintillo de “intransferible”. Estos documentos corresponden a certificados que permanecieron durante décadas bajo una condición que limitaba las posibilidades de sus propietarios para disponer plenamente de los inmuebles.
De acuerdo con el director de Bienes Nacionales, esta situación está siendo abordada a partir de la modificación de la Ley 339 mediante la nueva Ley 82-25 sobre Bien de Familia. Según explicó, el cambio legal permite liberar una cantidad significativa de certificados antiguos que habían sido emitidos como títulos provisionales.
La eliminación de esa condición puede representar un cambio importante para los propietarios cuyos documentos permanecían bajo la denominación de “intransferible”, debido a las restricciones que esta situación podía generar para realizar determinadas operaciones relacionadas con sus inmuebles.
Burgos explicó que se trata de certificados que datan de décadas atrás y que, con la aplicación del nuevo marco legal, pueden avanzar hacia una condición que permita a sus titulares contar con mayores posibilidades sobre sus propiedades.
El programa de titulación contempla así dos procesos de gran magnitud: por un lado, la entrega de los aproximadamente 18,000 títulos que actualmente se encuentran en trámite y, por otro, la liberación de cientos de miles de documentos antiguos que permanecían con restricciones.
La iniciativa representa un proceso de regularización de propiedades que busca atender situaciones acumuladas durante años y ofrecer una respuesta a propietarios que han tenido dificultades para disponer plenamente de sus inmuebles.
Según las informaciones ofrecidas por Rafael Burgos, la aplicación de la Ley 82-25 constituye un elemento central para avanzar en la liberación de estos certificados antiguos y actualizar la situación de propiedades cuyos documentos permanecían bajo condiciones establecidas décadas atrás.