sábado, septiembre 26

Arzobispado de Santiago mantiene abierta investigación sobre manejo de recursos en parroquias de Navarrete

Santiago.– El Arzobispado de Santiago informó que todavía no ha concluido la investigación canónica iniciada contra el sacerdote Ramón Miguel Pacheco, a raíz de cuestionamientos relacionados con la administración de aproximadamente RD$7 millones y equipos donados para dos comunidades parroquiales de Villa Bisonó, Navarrete.

La investigación fue ordenada el pasado 19 de agosto y busca esclarecer el manejo de los recursos correspondientes a la parroquia Santa Ana y al proyecto de construcción de la San Ignacio de Antioquia, comunidades que estuvieron bajo la responsabilidad del padre Pacheco durante aproximadamente cuatro años.

El sacerdote Regino Collado, encargado de Comunicaciones del Arzobispado de Santiago, confirmó que los trabajos investigativos continúan y que las personas designadas para realizar las pesquisas todavía no han presentado sus conclusiones.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por la Arquidiócesis, el proceso está a cargo de un sacerdote y un notario, quienes tienen la responsabilidad de revisar la documentación relacionada con los ingresos, egresos y bienes vinculados a las parroquias.

Los cuestionamientos surgieron durante el proceso de traslado del sacerdote, cuando correspondía realizar la rendición de cuentas sobre la administración de las parroquias. El obispo auxiliar de Santiago, monseñor Andrés Amaury Rosario Henríquez, había explicado previamente que la Iglesia debía escuchar las distintas versiones y revisar la documentación antes de determinar si existió alguna irregularidad.

Entre los recursos que forman parte de los cuestionamientos se encuentran fondos destinados a obras y equipamiento. Para la construcción de la cuasi parroquia San Ignacio de Antioquia, ubicada en el barrio Duarte, se había destinado una donación de RD$3 millones de la Presidencia de la República para trabajos de construcción.

También se investigan recursos destinados a la adquisición de equipos de aire acondicionado para la parroquia Santa Ana. Según informaciones difundidas durante el proceso, la Liga Municipal Dominicana aportó RD$2 millones para esos fines, mientras que también se ha mencionado una contribución de un empresario por RD$1 millón.

Uno de los aspectos señalados por miembros de la comunidad fue la adquisición de los equipos de climatización. El Arzobispado informó previamente que cinco de los acondicionadores de aire cuestionados ya habían llegado, mientras se esperaba la documentación correspondiente para determinar cómo fueron adquiridos y pagados.

El proceso también ha incluido cuestionamientos relacionados con una camioneta que estaba asignada al sacerdote durante su permanencia en Navarrete. Este aspecto deberá ser aclarado mediante la documentación y la rendición administrativa correspondiente.

El traslado de Pacheco a la parroquia Cristo Rey, en el sur de Santiago de los Caballeros, quedó suspendido temporalmente mientras avanza la investigación. Actualmente, el sacerdote permanece en la Casa Sacerdotal de Matanzas, por disposición del Arzobispado.

El padre Pacheco debe presentar un informe administrativo sobre los ingresos y egresos al vicario general del clero y al vicario administrativo. Posteriormente, las informaciones obtenidas deberán ser comunicadas a las instancias correspondientes de la comunidad parroquial.

El Arzobispado ha insistido en que los señalamientos todavía se encuentran bajo investigación y que no se pueden establecer irregularidades hasta que concluya el proceso y sean revisados los documentos correspondientes.

La investigación se produce luego de que sectores de Navarrete solicitaran explicaciones sobre el destino de los recursos entregados para las obras y equipamientos de las parroquias.

Mientras los comisionados continúan con la revisión, el Arzobispado deberá esperar el informe final antes de determinar si existen responsabilidades administrativas o alguna otra consecuencia dentro del ámbito del derecho canónico.

Por el momento, el proceso permanece abierto y no existe una conclusión oficial que establezca que el sacerdote haya cometido irregularidades.

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