Santo Domingo.– El Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), la Universidad APEC (UNAPEC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) realizaron un panel dedicado al análisis de las propuestas de modificación al sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana.
El encuentro, denominado “El Código de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia”, reunió a juristas, operadores del sistema de justicia, académicos y representantes de distintos sectores vinculados con la atención y protección de adolescentes.
La actividad forma parte del proceso de reforma y actualización de la Ley 136-03, legislación que establece el marco jurídico para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país. La normativa vigente contempla un sistema integral que involucra a distintas instituciones públicas y órganos especializados.
Uno de los principales temas abordados durante el panel fue el contenido del Libro III de la propuesta de anteproyecto, relacionado con el sistema de justicia penal adolescente.
Los participantes analizaron las modificaciones planteadas y los posibles efectos que tendrían sobre la manera en que el Estado responde ante adolescentes que entran en conflicto con la ley penal.
El intercambio permitió examinar aspectos jurídicos, institucionales y operativos relacionados con la atención de estos casos, así como los mecanismos necesarios para garantizar una respuesta que tome en cuenta tanto la protección de los derechos de los adolescentes como las responsabilidades derivadas de sus actuaciones.
Durante la jornada también fueron identificados aspectos de la propuesta que requieren continuar siendo estudiados y discutidos antes de completar el proceso de actualización legislativa.
La revisión de la Ley 136-03 busca adaptar el marco de protección a las necesidades actuales y fortalecer las instituciones que forman parte del sistema. CONANI ha desarrollado un proceso de socialización de las propuestas con diferentes sectores vinculados a la protección de la niñez y la adolescencia.
El análisis de la justicia penal adolescente constituye uno de los componentes relevantes de este proceso, debido a la necesidad de establecer procedimientos adecuados para atender los casos en los que adolescentes se encuentran en conflicto con la ley.
Los especialistas participantes discutieron la importancia de contar con mecanismos que permitan al sistema actuar de manera efectiva, respetando las garantías y derechos establecidos para esta población.
La participación de universidades, organizaciones de la sociedad civil, juristas y operadores judiciales permite incorporar diferentes perspectivas al proceso de reforma y contribuir a una discusión técnica sobre las modificaciones propuestas.
El panel también sirvió como espacio para intercambiar criterios sobre los desafíos que enfrenta actualmente el sistema y sobre las herramientas que podrían incorporarse para mejorar la respuesta institucional.
La Ley 136-03 constituye actualmente la base jurídica del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y establece las responsabilidades de las instituciones que participan en su funcionamiento.
Las discusiones desarrolladas durante el encuentro forman parte de un proceso más amplio de revisión que busca fortalecer el marco de protección integral y adecuarlo a las realidades actuales de la niñez y la adolescencia en República Dominicana.
Los organizadores destacaron la importancia de mantener estos espacios de diálogo técnico para evaluar las propuestas antes de que sean sometidas a las siguientes etapas del proceso legislativo.
La reforma plantea, de esta manera, una oportunidad para revisar tanto las disposiciones legales como los mecanismos institucionales que intervienen en la protección de los adolescentes y en la administración de justicia especializada.
El proceso continuará con la participación de los sectores involucrados, mientras se analizan las diferentes propuestas y se determinan los cambios que finalmente serán incorporados al nuevo marco legal.