Carmen Alardo Peña señaló que la menor representación de mujeres en la alta corte entra en contradicción con el principio de igualdad establecido en la Constitución
La procuradora general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Carmen Alardo Peña, advirtió este jueves sobre la drástica reducción de la presencia de mujeres como juezas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), situación que, a su juicio, representa una preocupación frente al principio de igualdad establecido en la Constitución de la República.
Peña manifestó que la salida de juezas de reconocida trayectoria de la Suprema Corte ha provocado una disminución significativa de la representación femenina dentro del máximo tribunal del país. Su planteamiento se centra en la necesidad de garantizar una participación equilibrada de hombres y mujeres en los principales órganos del sistema judicial.
De acuerdo con lo expresado por la procuradora, actualmente la presencia femenina en la Suprema Corte de Justicia se limita a dos magistradas activas: Miguelina Ureña Núñez y Yorlin Lisett Vásquez Castro.
La funcionaria consideró que esta reducción debe ser observada a la luz del principio constitucional de igualdad, al entender que la participación de las mujeres en las instituciones del sistema de justicia constituye un componente relevante para la representación y el equilibrio institucional.
Su declaración se produce en un contexto de cambios en la composición de la Suprema Corte de Justicia, luego de los procesos de evaluación y renovación de jueces. Estos movimientos han modificado la integración del máximo tribunal y, según la valoración de Peña, también han tenido un impacto visible en la presencia femenina.
La advertencia pone nuevamente sobre la mesa el debate acerca de la participación de las mujeres en las posiciones de mayor responsabilidad dentro del Poder Judicial. Para Peña, la reducción de magistradas con trayectoria en la alta corte constituye un aspecto que debe ser tomado en cuenta al analizar la composición y evolución de la justicia dominicana.
La procuradora sostuvo así que el principio de igualdad consagrado en la Constitución debe ser considerado en los procesos relacionados con la integración de las instituciones judiciales, particularmente en los órganos de mayor jerarquía.