La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad considera necesario ampliar el período de transición para que las compañías puedan adaptar sus procedimientos y mecanismos de prevención a las nuevas obligaciones.
La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) respaldó este lunes la propuesta de extender a 24 meses el plazo para la entrada en vigencia del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, al considerar que las empresas requieren mayor tiempo para adecuarse a las nuevas disposiciones.
El presidente de la entidad, Freddy González Estrada, señaló que el período adicional permitiría a las compañías realizar los ajustes necesarios en sus procedimientos internos, fortalecer sus mecanismos de prevención y establecer las condiciones requeridas para cumplir de manera efectiva con las nuevas obligaciones legales.
La propuesta fue presentada por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, y plantea una modificación al artículo 31 de la Ley 44-26. El objetivo es establecer un período de transición más amplio antes de que entren en aplicación determinadas disposiciones relacionadas con la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
De acuerdo con el proyecto, los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal entrarían en vigencia a los 24 meses de la publicación de la eventual ley, en lugar del plazo actualmente establecido de tres meses contado a partir del 5 de agosto de 2026.
Para Adesinc, ampliar el período de preparación permitiría que las empresas puedan conocer con mayor profundidad las nuevas responsabilidades, revisar sus estructuras internas y adoptar protocolos destinados a prevenir posibles incumplimientos.
González Estrada sostuvo que la iniciativa contribuiría a garantizar una transición ordenada, con reglas claras y condiciones adecuadas para que el sector empresarial pueda asumir las nuevas exigencias de manera efectiva.
La discusión sobre el plazo de entrada en vigencia forma parte del proceso de adaptación al nuevo marco de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que implica cambios importantes en la forma en que las empresas deberán gestionar sus mecanismos de prevención y cumplimiento.