La denuncia fue depositada ante la Procuraduría General de la República y solicita investigaciones individualizadas sobre hechos ocurridos entre agosto y septiembre de 2026
Un grupo de abogados presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República en la que solicita investigar presuntos homicidios atribuidos a agentes de la Policía Nacional, luego de documentar, según sus propios registros, 47 muertes de jóvenes y adolescentes en un período de 42 días.
El documento, fechado el 12 de octubre de 2026, señala que los fallecimientos ocurrieron entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre de este año. Los juristas sostienen que los hechos fueron presentados por las autoridades como intercambios de disparos, por lo que consideran necesario que se examinen las circunstancias particulares de cada caso.
La denuncia plantea que las muertes deben ser objeto de una investigación penal individualizada, con el propósito de establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si existen responsabilidades penales por parte de los agentes que pudieron haber participado. La solicitud incluye a miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y a otros integrantes de la institución policial que pudieran estar vinculados con los acontecimientos.
Los abogados buscan que las autoridades competentes examinen las circunstancias de cada fallecimiento, en lugar de tratar los casos como un conjunto uniforme. Este tipo de investigación permitiría establecer los elementos particulares de cada episodio y determinar, a partir de las evidencias disponibles, si las actuaciones se ajustaron a la ley o si existen indicios de posibles delitos.
El señalamiento de que los hechos fueron presentados como intercambios de disparos constituye uno de los aspectos centrales de la denuncia. Los juristas solicitan que esa versión sea examinada mediante procedimientos de investigación que permitan esclarecer las condiciones en las que se produjeron las muertes y verificar las actuaciones de los agentes involucrados.
La petición también busca que se determinen posibles responsabilidades individuales, en caso de que las investigaciones identifiquen elementos que sustenten una imputación penal. La presentación de la denuncia, sin embargo, no implica por sí misma que las acusaciones hayan sido comprobadas ni establece la culpabilidad de los agentes señalados.
De acuerdo con la información suministrada, los 47 casos corresponden a un período comprendido entre mediados de agosto y finales de septiembre de 2026. Los registros mencionados por los denunciantes constituyen la base de su solicitud, mientras que corresponde a las autoridades investigar los hechos, verificar la información y establecer las conclusiones que procedan conforme a la ley.
La denuncia coloca ante la Procuraduría General de la República una solicitud de esclarecimiento sobre las muertes reportadas y la actuación de miembros de la Policía Nacional. Los abogados esperan que cada caso sea examinado de forma particular para determinar las circunstancias de los fallecimientos y las posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse de los resultados de las investigaciones.