Santo Domingo. La entrada en vigencia de la Ley 85-25 sobre Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios ha generado nuevas dudas entre propietarios e inquilinos, especialmente sobre cobros adicionales que durante años formaron parte de las prácticas habituales del mercado inmobiliario, como el denominado 21 % aplicado a determinados contratos de alquiler. Abogados especializados explican que la nueva normativa establece cambios importantes en la relación entre arrendadores y arrendatarios, buscando mayor transparencia y equilibrio entre ambas partes.
Entre los principales cambios que contempla la Ley 85-25 se encuentra la obligación de formalizar los contratos de alquiler por escrito, establecer con claridad las condiciones del acuerdo y definir las responsabilidades tanto del propietario como del inquilino. La normativa regula los alquileres destinados a vivienda, comercio y actividades sin fines de lucro, además de establecer límites relacionados con depósitos y ajustes de renta en determinados casos.
Sobre el cobro del 21 %, especialistas señalan que los inquilinos deben revisar las condiciones establecidas en sus contratos y determinar si esos cargos corresponden realmente a obligaciones contempladas por la legislación vigente o si representan montos adicionales que no fueron acordados correctamente. La recomendación de los abogados es que cualquier pago exigido por el propietario debe estar claramente sustentado y documentado dentro de la relación contractual.
La nueva legislación también introduce disposiciones orientadas a mejorar los procesos relacionados con conflictos de alquiler, depósitos, aumentos de renta y desahucios, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad jurídica a ambas partes. Sin embargo, expertos advierten que será necesario que propietarios e inquilinos conozcan a profundidad sus derechos y obligaciones para evitar conflictos y garantizar el cumplimiento adecuado de la ley.
Con estos cambios, la Ley 85-25 representa una actualización importante del régimen de alquileres en República Dominicana, sustituyendo un marco legal que durante décadas fue considerado insuficiente para responder a las nuevas realidades del mercado inmobiliario.