El presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte, ha desmentido categóricamente los rumores sobre un supuesto retiro de beneficios de combustible a su gremio. Durante una reciente comparecencia, el dirigente aclaró que la CNTT no recibe subsidios directos ni tarjetas de combustible estatales para sus operaciones diarias, desmarcándose de las controversias que han rodeado recientemente la distribución de estos recursos en otros sectores del transporte público.
El punto central de la denuncia de Marte se dirige hacia la gestión del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). El dirigente exigió a la institución que ofrezca explicaciones claras y detalladas sobre el destino de aproximadamente 5 millones de galones de gasoil. Según Marte, existe un vacío de información preocupante respecto a los criterios de asignación y el manejo de estos recursos, lo cual, a su juicio, atenta contra la institucionalidad y la transparencia que debe regir en la administración pública.
Acciones legales y búsqueda de soluciones estructurales
Más allá de la aclaración sobre los combustibles, Juan Marte anunció que la CNTT emprenderá acciones legales contra el INTRANT. Esta medida busca, primordialmente, forzar la realización de un estudio técnico riguroso que determine el costo real del servicio de transporte en el país. El líder sindical sostiene que el sector ha operado bajo supuestos económicos que no reflejan la realidad actual, lo cual genera una distorsión que afecta tanto la rentabilidad del trabajador del volante como el bolsillo del usuario final.
Marte enfatizó que el sistema de transporte requiere de auditorías profundas y procesos de compensación transparentes. “No podemos seguir operando en la incertidumbre y bajo la sombra de la opacidad”, subrayó, al tiempo que reiteró su compromiso de defender los derechos del sector a través de los canales judiciales correspondientes. La postura de la CNTT coloca al INTRANT en una posición crítica, obligando a la institución a transparentar sus mecanismos de supervisión y compensación en un momento en el que el sector transporte demanda una reestructuración profunda y basada en datos técnicos objetivos.
El desenlace de esta acción legal será determinante para las futuras políticas de movilidad y subsidios en la República Dominicana, marcando un precedente en la exigencia de rendición de cuentas por parte de los gremios hacia los organismos reguladores del Estado.