El Gobierno dominicano presentó este jueves una propuesta de modificación al nuevo Código Penal en la que plantea mantener las penas de prisión para determinados delitos vinculados a la libertad de expresión, aunque con ajustes dirigidos a precisar el alcance de las sanciones y evitar interpretaciones arbitrarias.
La iniciativa fue depositada ante la comisión especial de la Cámara de Diputados que estudia las observaciones realizadas al Código Penal, cuya entrada en vigencia está prevista para el próximo mes de agosto. La propuesta surge en medio del intenso debate generado por diversos sectores, incluyendo periodistas, juristas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, quienes han manifestado preocupación por el posible impacto de algunos artículos sobre el ejercicio de la libertad de prensa y el derecho a la crítica.
De acuerdo con el planteamiento del Poder Ejecutivo, las conductas relacionadas con la difamación, la injuria y otros delitos que afecten el honor y la reputación de las personas continuarían siendo castigadas con penas privativas de libertad, aunque se introducirían cambios para delimitar con mayor claridad cuándo corresponde una sanción penal.
El Gobierno sostiene que el objetivo es encontrar un equilibrio entre la protección de derechos fundamentales como el honor, la dignidad y la reputación de las personas, sin menoscabar las garantías constitucionales de libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información.
La discusión se produce mientras el Congreso Nacional mantiene abierto un proceso para recibir propuestas de modificación al nuevo Código Penal, luego de que múltiples sectores solicitaran revisar los artículos relacionados con la libertad de expresión antes de que la legislación entre en vigor. Entre las principales inquietudes se encuentran las disposiciones sobre difamación, desacato y ultraje a la autoridad, las cuales han sido objeto de cuestionamientos por el riesgo de limitar la crítica ciudadana y el ejercicio periodístico.
En las últimas semanas también se han presentado iniciativas legislativas que proponen eliminar las penas de prisión para los delitos de difamación y sustituirlas por multas y reparación civil, argumentando que esta alternativa fortalece la libertad de expresión sin dejar desprotegido el derecho al honor. Sin embargo, la propuesta del Gobierno mantiene la posición de conservar la prisión como sanción para determinados casos considerados de mayor gravedad.
Las modificaciones serán evaluadas por la comisión especial de diputados, que deberá analizar las distintas propuestas presentadas por legisladores, instituciones y organizaciones de la sociedad civil antes de emitir un informe y decidir si recomienda cambios al texto aprobado.