El proceso se desarrollará conforme a la Ley 16-26 y estará sujeto a criterios de transparencia y verificación de requisitos
La comisión creada por la Ley 16-26, que autoriza el pago a contratistas del Estado y establece un mecanismo para revisar reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal, celebró su primera sesión de trabajo y aprobó el protocolo que regirá la aplicación de la normativa.
El organismo es presidido por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y está integrado por el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot; y el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
Durante el encuentro, la comisión aprobó las primeras decisiones orientadas a establecer el marco operativo para la implementación de la ley y avanzar en el reconocimiento de las reclamaciones presentadas por contratistas que cumplan con los requisitos establecidos.
Las autoridades indicaron que el objetivo es honrar los compromisos pendientes del Estado bajo criterios de legalidad, transparencia y control, garantizando que cada solicitud sea evaluada conforme al procedimiento dispuesto por la legislación.