miércoles, noviembre 11

Obras Públicas ejecuta desalojo de megastructura de propietarios asiáticos en el kilómetro 17 de la autopista Duarte

La intervención se produce en medio de los operativos de fiscalización a establecimientos comerciales de capital chino por presuntos incumplimientos de las normativas nacionales

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) habría llevado a cabo el desalojo de una megastructura perteneciente a propietarios asiáticos, localizada en el kilómetro 17 de la autopista Duarte, como parte de las recientes intervenciones a establecimientos comerciales en el país.

La acción se suma a un escenario de mayor fiscalización sobre negocios de capital chino, luego de que distintas instituciones del Estado intensificaran las inspecciones para verificar el cumplimiento de las disposiciones tributarias, laborales, comerciales y de construcción.

Como parte de estas acciones, el Ministerio de Trabajo inspeccionó durante octubre 101 tiendas y plazas comerciales en el Distrito Nacional y varias provincias. En esos operativos se levantaron 1,016 actas, 42 de ellas correspondientes a infracciones remitidas a los tribunales. Además, fueron paralizadas las actividades en 24 establecimientos por condiciones que representaban riesgos para sus trabajadores.

A estas medidas se suma la clausura, el pasado 29 de octubre, de la fábrica de cartón Cartesa, ubicada en San Antonio de Guerra. De acuerdo con las autoridades, el establecimiento operaba sin certificado de uso de suelo y otras autorizaciones necesarias. La empresa, por su parte, rechazó los señalamientos y cuestionó el procedimiento de intervención.

El tema también ha generado pronunciamientos de representantes del sector comercial y autoridades internacionales. El presidente Luis Abinader ha sostenido que todas las empresas, sin importar la nacionalidad de sus propietarios, deben cumplir las leyes dominicanas.

Hasta el momento, no se han confirmado los motivos específicos del desalojo de la estructura ubicada en el kilómetro 17, ni se han ofrecido detalles sobre posibles irregularidades, notificaciones previas o acuerdos con sus propietarios.

La intervención vuelve a colocar en el centro del debate la fiscalización de los establecimientos comerciales y la aplicación de las normas que regulan las actividades económicas en República Dominicana.

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