El decreto firmado por Keiko Fujimori regula las sanciones por violencia y acoso, el uso de dispositivos electrónicos y la presentación personal de los estudiantes
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, firmó el sábado 7 de noviembre un decreto supremo que establece nuevos lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en los centros educativos del país, con medidas que incluyen la expulsión de estudiantes en determinadas circunstancias de violencia y acoso.
La normativa, oficializada mediante el Decreto Supremo número 021-2026-MINEDU, establece una clasificación de las faltas en leves, graves y muy graves, además de definir las responsabilidades de directores, docentes y familias en el cumplimiento de las reglas de convivencia.
Entre las conductas consideradas muy graves figuran el acoso escolar y el ciberacoso que afecten la integridad de otros estudiantes, la violencia y el acoso sexual, los actos de discriminación, las amenazas y la extorsión. Las sanciones pueden incluir suspensión temporal, matrícula condicional y separación definitiva del centro educativo, según la gravedad y las circunstancias del caso.
El decreto también establece restricciones para el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos durante la jornada escolar cuando se utilicen para fines ajenos al proceso educativo sin autorización. En cuanto a la presentación personal, las escuelas públicas no permitirán maquillaje, accesorios como aretes y cadenas, tatuajes ni cabello teñido. Además, dispone que las estudiantes lleven el cabello ordenado y los varones lo mantengan recortado.
En los colegios privados, las disposiciones sobre presentación personal y sus respectivas restricciones deberán estar expresamente establecidas en sus reglamentos internos y ser comunicadas a las familias.
Los lineamientos contemplan que la expulsión pueda aplicarse después de tres suspensiones durante el año escolar, ante una falta muy grave que lo amerite o cuando exista una conducta reiterada que haga inviable la permanencia del estudiante en la institución. No obstante, las autoridades deberán escuchar su versión, informar a sus representantes y garantizar alternativas para que pueda continuar sus estudios.
El Gobierno peruano sostiene que las nuevas disposiciones buscan fortalecer la autoridad de los docentes, recuperar el orden en las aulas y establecer mecanismos para enfrentar los episodios de violencia en las escuelas. La normativa también prohíbe los castigos físicos y humillantes, así como cualquier medida disciplinaria que prive a los estudiantes de sus necesidades básicas o vulnere sus derechos.