La nueva regulación establece medidas diferenciadas para los distintos niveles educativos y limita el uso de dispositivos durante toda la jornada en educación básica
México comenzará este martes a aplicar nuevas reglas para el uso de dispositivos móviles en los centros educativos públicos y privados, una regulación que contempla restricciones y medidas diferenciadas para educación básica, bachilleratos y universidades, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La disposición forma parte de una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca favorecer el aprendizaje, mejorar la convivencia en las comunidades escolares y proteger a los menores frente a los posibles riesgos asociados al uso excesivo de pantallas.
El titular de la SEP, Mario Delgado, aseguró este lunes, mediante un comunicado, que el sistema educativo mexicano está preparado para implementar la regulación. El funcionario destacó la preparación de las instituciones para poner en marcha las nuevas disposiciones, que abarcan distintos niveles de enseñanza.
En educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, la restricción comprende toda la jornada escolar. Esto significa que las medidas se aplicarán durante el período completo de permanencia de los estudiantes en los centros educativos.
La normativa también contempla disposiciones específicas para bachilleratos y universidades, aunque la información divulgada por la SEP no detalla en este comunicado el alcance de las restricciones correspondientes a esos niveles.
La dimensión de la medida representa un desafío de aplicación a escala nacional. Según los datos ofrecidos por la Secretaría de Educación Pública, el sistema educativo mexicano está integrado por aproximadamente 34,1 millones de estudiantes, 2,2 millones de docentes y 263.600 escuelas.
Con la entrada en vigor de estas reglas, las autoridades educativas buscan establecer criterios sobre el uso de teléfonos y otros dispositivos móviles dentro de los espacios escolares, con el propósito de mantener la atención en las actividades académicas y promover una convivencia adecuada entre los integrantes de las comunidades educativas.
La implementación de la regulación se extenderá a instituciones públicas y privadas, por lo que su aplicación tendrá alcance en todo el sistema educativo contemplado por las autoridades mexicanas.