Un abogado expresó su desacuerdo con la figura jurídica de extinción de dominio en República Dominicana, al considerar que, pese a comprender su propósito y funcionamiento, no está de acuerdo con que este mecanismo forme parte de un sistema de derecho.
Durante una entrevista, el profesional explicó que tuvo acercamiento a esta materia desde las primeras etapas de formación sobre lavado de activos y extinción de dominio en el país, cuando la Escuela Nacional de la Judicatura, junto a organismos internacionales, desarrollaba programas de capacitación para juristas.
En ese contexto, recordó que las enseñanzas sobre esta figura tomaban como referencia el modelo que se encontraba en funcionamiento en Colombia. También reconoció la labor de las magistradas Esminia Gisell Méndez y Rossanna Vásquez Febrillet, a quienes identificó como referentes en la formación y enseñanza de estos temas.
El abogado manifestó que comprende por qué se creó la legislación sobre extinción de dominio y cuál es su finalidad dentro del ordenamiento jurídico. Asimismo, explicó que se trata de una figura autónoma, que no corresponde estrictamente al ámbito penal ni al civil.
No obstante, dejó claro que su conocimiento sobre la materia no significa que comparta su aplicación. «Por más que me lo expliquen y que yo lo entienda, yo no estoy de acuerdo en un sistema de derecho con esa figura», expresó al fijar su posición durante la conversación.
La extinción de dominio constituye un mecanismo jurídico dirigido a perseguir bienes relacionados con actividades ilícitas, mediante un procedimiento independiente de la responsabilidad penal de una persona. En República Dominicana, esta figura está regulada por la Ley núm. 340-22.
El tema cobra especial relevancia por las facultades que contempla la legislación para disponer medidas cautelares sobre bienes durante el desarrollo de los procesos, lo que mantiene abierto el debate sobre el alcance de estas actuaciones y su relación con las garantías fundamentales.
La posición expresada por el jurista pone nuevamente sobre la mesa la discusión acerca de los límites de las herramientas estatales para recuperar activos vinculados a actividades ilícitas y la necesidad de preservar el derecho de propiedad, el debido proceso y la seguridad jurídica.
En la parte de la entrevista transcrita, el abogado manifestó su rechazo a esta figura, aunque todavía no desarrolló los argumentos específicos que sustentan su desacuerdo.