
La jueza cuestionó la tardanza de las objeciones presentadas por el equipo legal del artista en una controversia relacionada con una deposición
El cantante puertorriqueño Daddy Yankee deberá pagar un total de US$6,500 por una determinación del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en Puerto Rico, en el marco del litigio corporativo que mantiene con su exesposa, Mireddys González Castellanos, según reportó el periódico El Nuevo Día.
La cantidad establecida por el tribunal se divide en una sanción de US$5,000 y otros US$1,500 correspondientes a honorarios y gastos legales. De acuerdo con la jueza Katarina Stipec Rubio, estos costos pudieron evitarse si las objeciones relacionadas con el procedimiento judicial se hubieran presentado oportunamente.
La controversia está vinculada con el intento de impedir la deposición de Alejandra Piazza Galarza, abogada y contadora del artista, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez. La comparecencia estaba prevista para el 13 de octubre, pero el tribunal la dejó sin efecto mediante una orden protectora emitida el 7 de octubre.
En esa decisión, la jueza consideró que la información solicitada debía buscarse primero a través de otros medios menos onerosos, antes de recurrir a la deposición de Piazza Galarza. La orden protectora, por tanto, dejó sin efecto el procedimiento previsto para esa fecha.
Sin embargo, la magistrada cuestionó la forma en que el equipo legal de Daddy Yankee manejó las objeciones. El señalamiento se centró en la tardanza con la que fueron planteadas, pese a que estaban relacionadas con un procedimiento que podía generar gastos legales adicionales para las partes.
En su resolución, Stipec Rubio describió la actuación como una “estrategia temeraria” y advirtió que ese tipo de manejo podía multiplicar innecesariamente las controversias y provocar retrasos en el desarrollo del proceso judicial.
La determinación se produce dentro de la disputa corporativa que enfrenta al artista con González Castellanos. La sanción y el pago de los gastos legales están relacionados con el manejo de esta controversia procesal, según la información publicada por El Nuevo Día.
