La decisión mantiene bloqueada temporalmente la política mientras continúa el proceso judicial en tribunales inferiores
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este miércoles la solicitud de emergencia presentada por el Gobierno del presidente Donald Trump para implementar de inmediato una política que restringe determinados tratamientos médicos y adaptaciones para personas transgénero recluidas en prisiones federales.
La decisión deja vigente el bloqueo dictado por el juez federal Royce Lamberth, quien consideró que probablemente la Oficina Federal de Prisiones actuó de manera arbitraria al modificar sus políticas de atención para esta población. El caso continuará su curso en las instancias judiciales inferiores. <Cite refs={[“turn314162news12″,”turn314162search1”]}/>
La orden del máximo tribunal fue breve y no explicó los fundamentos jurídicos del rechazo. Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito manifestaron que habrían permitido al Gobierno aplicar las restricciones mientras se desarrolla el litigio.
La política fue elaborada por la Oficina Federal de Prisiones a partir de una orden ejecutiva de Trump. Entre sus disposiciones figura suspender las cirugías relacionadas con la transición de género, retirar progresivamente los tratamientos hormonales y eliminar determinadas adaptaciones sociales para las personas transgénero bajo custodia federal. <Cite refs={[“turn314162news13″,”turn314162search7”]}/>
La medida fue impugnada judicialmente por personas transgénero encarceladas, quienes cuestionaron el cambio en las condiciones de acceso a la atención médica. A raíz de estas demandas, el juez Lamberth bloqueó su aplicación mientras se examina la legalidad de la política.
En el proceso, uno de los aspectos centrales es si la Oficina Federal de Prisiones justificó adecuadamente el cambio de sus normas y si tomó en cuenta los criterios médicos pertinentes antes de suspender tratamientos que formaban parte de la atención ofrecida a determinados reclusos.
El Gobierno de Trump solicitó a la Corte Suprema que permitiera poner en marcha las restricciones antes de que concluyera el litigio. Sin embargo, al rechazar esa petición de emergencia, el tribunal mantuvo vigente la decisión judicial que impide aplicar la política en esta etapa.
El fallo no representa una resolución definitiva sobre la legalidad de las restricciones. El caso seguirá siendo evaluado en los tribunales inferiores, por lo que la controversia sobre la atención médica y las adaptaciones para las personas transgénero en las prisiones federales permanece abierta.