lunes, octubre 19

Juez mexicano emite nueva orden de aprehensión contra accionista de Miss Universo por presunto lavado de dinero

La investigación apunta a un supuesto esquema que habría movilizado cerca de 3,000 millones de pesos mexicanos entre 2014 y 2025 e incluye al hijo del empresario y a otras cuatro personas

CIUDAD DE MÉXICO.– Un juez federal mexicano emitió una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, accionista mayoritario del certamen Miss Universo, por su presunta participación en una organización dedicada al lavado de dinero que habría movilizado casi 3,000 millones de pesos mexicanos entre 2014 y 2025, según una investigación publicada por el diario Reforma y difundida por otros medios.

La orden fue emitida por Ricardo Alfonso Santos Dorantes, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Además de Rocha Cantú, la medida judicial incluye a su hijo, Mauricio Jesús Rocha Botello, presidente de Miss Universe México, y a Andrés Javier Vázquez Ruiz, Alberto Charlan Salazar, Heliodoro Vargas Durán y Luis Aquilino Vásquez.

Los seis son señalados por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con los documentos citados en las publicaciones periodísticas, la Fiscalía General de la República atribuye a Rocha Cantú, Vázquez Ruiz y Charlan Salazar funciones de liderazgo dentro de la presunta estructura, mientras que los demás implicados habrían desempeñado tareas de supervisión.

Investigan operaciones a través de empresas

Según la investigación divulgada por Reforma, el supuesto esquema habría operado mediante varias empresas que recibían, concentraban y transferían recursos entre distintas cuentas bancarias. Entre las compañías mencionadas figuran GI Euromex, Impulsora Eagle, Legacy Equity Group y Soluciones Gasíferas del Sur, además de otras sociedades vinculadas al expediente.

Los investigadores sostienen que algunas de estas empresas habrían servido para canalizar fondos sin una justificación comercial, laboral o fiscal que respaldara las operaciones. El monto total bajo investigación se aproxima a los 3,000 millones de pesos mexicanos durante el período comprendido entre 2014 y 2025.

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