Abogados explican que las conversaciones digitales pueden respaldar casos de deudas, amenazas e incumplimientos laborales, siempre que se cumplan los requisitos legales
Un mensaje de WhatsApp, una nota de voz o una captura de pantalla pueden aportar elementos importantes en un proceso judicial. Estas evidencias digitales pueden ayudar a demostrar acuerdos, deudas, amenazas o incumplimientos laborales, aunque su sola presentación no garantiza que sean suficientes para probar un hecho.
Los abogados Carlos Peña y Carlos Felipe explican que las conversaciones digitales pueden utilizarse en distintas materias, incluidas las áreas civil, comercial, laboral, familiar y penal. Su valor depende de la relación que tengan con el caso, de la forma en que fueron obtenidas y conservadas, y de la posibilidad de comprobar su autenticidad.
Uno de los principales desafíos es verificar que los mensajes no hayan sido alterados y que realmente correspondan a las personas a quienes se les atribuyen. Una captura aislada puede omitir parte de una conversación o dejar fuera información necesaria para comprender el contexto del intercambio.
En República Dominicana, la legislación sobre documentos y firmas digitales reconoce valor jurídico a los documentos electrónicos y mensajes de datos. Asimismo, la jurisprudencia ha establecido que las conversaciones de WhatsApp pueden admitirse como medios de prueba, siempre que sean obtenidas lícitamente y se preserve su integridad y autenticidad. Cuando estas condiciones son cuestionadas, puede ser necesario recurrir a una pericia informática u otros mecanismos de verificación.
Ante una posible disputa legal, los especialistas recomiendan conservar la conversación completa y mantener disponible el teléfono donde se recibió. También es importante evitar editar, recortar o manipular los archivos originales, pues estos elementos pueden ser necesarios para verificar la procedencia y el contenido de la comunicación.
La utilidad de una evidencia digital dependerá, además, de cómo se relacione con las demás pruebas presentadas. Por eso, antes de utilizar mensajes, audios o capturas en un procedimiento judicial, conviene consultar con un abogado que pueda orientar sobre su conservación y presentación conforme a las reglas aplicables.