El gremio dispone de 15 días calendario para abandonar el inmueble que ocupa desde 1995 en el Centro de los Héroes y defiende su posición con antecedentes legales
La Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana (SARD) rechazó la notificación remitida recientemente por el Senado de la República, mediante la cual se le concede un plazo de 15 días calendario para desalojar el inmueble donde funciona su sede oficial, ubicado en el Centro de los Héroes. La organización manifestó su oposición a la medida y planteó cuestionamientos sobre sus implicaciones para la institucionalidad y el respeto al marco legal.
La sede ha sido ocupada por la entidad desde el año 1995. La notificación del Senado abre una controversia en torno a la permanencia del gremio en esas instalaciones y a los antecedentes jurídicos relacionados con los terrenos donde se encuentra el inmueble.
La presidenta de la SARD, la arquitecta Lucirys Mateo, expresó el rechazo de la organización y sostuvo que las medidas de desalojo contra los gremios pueden afectar su funcionamiento y debilitar el papel institucional que desempeñan. En ese contexto, cuestionó la actuación que atribuye al Senado y defendió la necesidad de que las decisiones sobre este tipo de espacios se ajusten a la legalidad.
“El desalojo ilegal de los gremios debilita la institucionalidad, vulnera el respeto a la legalidad y perjudica el desarrollo del país”, afirmó Mateo. Con esas palabras, la presidenta fijó la posición de la Sociedad de Arquitectos frente a la notificación recibida y manifestó su preocupación por las consecuencias que, a su entender, tendría la salida de la organización de su sede.
Como parte de sus argumentos, Mateo recordó una disposición adoptada durante la administración del expresidente Hipólito Mejía. Según indicó, el 5 de agosto de 2004 fue emitido el decreto número 751-04, mediante el cual se derogó el decreto 235-01, fechado el 13 de febrero de 2001, relacionado con la porción de terreno asignada al pabellón de Venezuela.
La referencia a esos decretos constituye uno de los elementos que la presidenta de la SARD puso sobre la mesa al explicar la posición del gremio. No obstante, la información ofrecida no detalla el contenido íntegro de ambas disposiciones ni establece de manera concluyente cómo inciden en la situación jurídica actual del inmueble ocupado por la organización.
El plazo de 15 días calendario comunicado por el Senado sitúa la disputa en un escenario que requiere aclarar los fundamentos de la notificación y los argumentos legales que respaldan las posiciones de las partes. Hasta los datos suministrados en la declaración de la SARD, no se incluyen detalles adicionales sobre la respuesta del Senado a los cuestionamientos de la organización.
La controversia mantiene en el centro del debate la permanencia de la Sociedad de Arquitectos en un inmueble que utiliza como sede oficial desde hace casi tres décadas. Mientras el gremio rechaza la notificación y defiende su posición con referencia a decretos anteriores, quedan por conocerse mayores detalles sobre los fundamentos de la decisión del Senado y el desarrollo posterior de este proceso.