La iniciativa del diputado Juan José Rojas divide opiniones sobre la clasificación audiovisual, la protección de las audiencias y los límites de la regulación de contenidos
La propuesta del diputado por la provincia Santo Domingo, Juan José Rojas, de excluir contenidos LGBT+, lenguaje obsceno y material erótico de la clasificación destinada a toda la familia ha generado posiciones encontradas entre comunicadores dominicanos. La discusión se centra en los criterios que deben utilizarse para determinar qué contenidos pueden considerarse apropiados para el público familiar y hasta dónde debe llegar la intervención de las autoridades en la programación audiovisual.
La iniciativa está dirigida a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, organismo al que se plantea llevar la discusión sobre la clasificación de los contenidos. El planteamiento ha provocado distintas interpretaciones sobre la manera en que deben establecerse las restricciones, especialmente cuando se trata de producciones que incluyen referencias a la diversidad sexual, expresiones consideradas obscenas o material de carácter erótico.
Según las declaraciones recogidas por N Digital, los comunicadores Richard Hernández, Juan Esteban y La Pitonisa expusieron puntos de vista diferentes sobre la propuesta. Sus posiciones reflejan el desacuerdo existente en torno a los criterios de clasificación y a las posibles consecuencias de aplicar restricciones a determinados contenidos dentro de los espacios dirigidos a las familias.
Richard Hernández advirtió sobre el riesgo de que una regulación de este tipo termine censurando contenidos por la orientación sexual de sus protagonistas. Su planteamiento pone el foco en la diferencia entre evaluar una producción por su contenido explícito y excluirla por la identidad o la orientación sexual de las personas que aparecen en ella.
Desde esa perspectiva, uno de los aspectos centrales de la discusión es cómo definir los criterios que justifican una clasificación determinada. La presencia de personajes LGBT+ en una producción no equivale necesariamente a la inclusión de lenguaje obsceno o material erótico, por lo que establecer categorías claras sería relevante para evitar que elementos distintos reciban el mismo tratamiento regulatorio.
Por su parte, Juan Esteban sostuvo que parte de las restricciones planteadas ya existe. Su posición introduce otra cuestión en el debate: determinar qué disposiciones están actualmente vigentes y si la propuesta busca reforzar normas existentes, modificar su alcance o establecer nuevos criterios para la clasificación de los contenidos audiovisuales.
La Pitonisa, en cambio, se mostró favorable a limitar determinadas expresiones durante el horario familiar. Su postura coincide con la preocupación por establecer límites a ciertos contenidos cuando la programación está dirigida a una audiencia amplia, incluidos niños y adolescentes.
Las diferencias entre los comunicadores muestran que el debate no se limita a decidir si deben existir reglas para los contenidos audiovisuales, sino que también abarca la forma en que esas reglas deben aplicarse. La clasificación por edad, el horario de transmisión y la naturaleza específica del material son elementos que pueden formar parte de la discusión sobre la protección de las audiencias.
Otro punto relevante es la necesidad de distinguir entre contenidos explícitos y representaciones de la diversidad sexual. Una regulación basada en criterios generales y verificables tendría que precisar qué características justifican una clasificación o restricción, sin asumir que la orientación sexual de un personaje determina por sí sola que una producción sea inadecuada para el público familiar.
Al mismo tiempo, quienes defienden límites para determinados contenidos durante el horario familiar ponen sobre la mesa la responsabilidad de los medios y de los organismos reguladores frente a las audiencias. La discusión exige definir qué tipo de material se considera inapropiado para ciertos grupos de edad y qué mecanismos serían adecuados para informar a los espectadores sobre el contenido de cada producción.
Hasta el momento, la información difundida sobre la propuesta no detalla una resolución de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía ni precisa si el planteamiento se ha traducido en nuevas disposiciones aprobadas. Por tanto, el debate se mantiene en torno a la iniciativa presentada y a las distintas posiciones expresadas por los comunicadores consultados.
La controversia vuelve a colocar sobre la mesa la relación entre regulación, libertad de expresión y protección de las audiencias en los medios audiovisuales dominicanos. El desarrollo de la iniciativa permitirá conocer qué criterios se proponen formalmente y cómo se abordarán las diferencias entre limitar material explícito y restringir representaciones relacionadas con la diversidad sexual.