El incidente ocurrió durante las fiestas patronales de Comendador, cuando la legisladora Millys Martínez intervino en un procedimiento policial contra un joven
La Policía Nacional inició una investigación para esclarecer las circunstancias en las que agentes esposaron a la diputada Millys Johanna Martínez Morillo, representante de la provincia Elías Piña, durante un incidente ocurrido el domingo en una estación de combustible del municipio Comendador. El hecho tuvo lugar en medio de las celebraciones de las fiestas patronales.
Según los reportes, los agentes intentaban detener a un joven cuando la legisladora intervino para tratar de impedir el procedimiento. La situación provocó un altercado con ciudadanos presentes en el lugar y, posteriormente, los agentes retiraron las esposas a la congresista. Videos difundidos del incidente muestran momentos de tensión entre los involucrados.
Ante lo ocurrido, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, dispuso que el inspector general de la institución, general Martín Tapia Sánchez, se trasladara a la provincia para encabezar las indagatorias. La institución negó que la diputada fuera arrestada formalmente y señaló que la investigación permitirá esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.
El caso también generó reacciones en el Congreso Nacional. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó la actuación contra Martínez y recordó que el artículo 86 de la Constitución dominicana establece garantías para proteger a los legisladores frente a la privación de libertad, salvo las excepciones previstas en la propia disposición.
Otros diputados también reclamaron una investigación exhaustiva y cuestionaron que la propia Policía sea la encargada de indagar la actuación de sus agentes. Algunos legisladores pidieron la intervención del Ministerio Público para determinar si se produjo una extralimitación durante el procedimiento.
Mientras avanzan las pesquisas, las autoridades deberán esclarecer cómo se desarrolló el incidente y determinar si la actuación de los agentes se ajustó a los procedimientos legales. El caso ha reavivado el debate sobre el respeto a las garantías constitucionales y los límites de la intervención policial.