Un informe presentado al Consejo de Seguridad plantea preocupaciones sobre la soberanía nacional y los beneficios económicos de un acuerdo de diez años con una empresa internacional
La Organización de las Naciones Unidas reveló que el Gobierno de Haití ha contratado por un período de diez años a una empresa internacional para reforzar la vigilancia de sus fronteras y optimizar las recaudaciones aduaneras. El acuerdo contempla que la compañía reciba un porcentaje de los ingresos que obtenga el Estado haitiano por concepto de aduanas, una modalidad que ha generado inquietudes sobre el alcance de la participación privada en funciones estratégicas del país.
La información está contenida en el informe final del Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití, presentado al Consejo de Seguridad bajo la identificación S/2026/714. El documento examina la contratación de servicios privados en áreas relacionadas con la seguridad y las operaciones fronterizas, y advierte sobre las implicaciones que podría tener el acuerdo para la soberanía nacional y la distribución de los beneficios económicos derivados de las recaudaciones.
Uno de los aspectos señalados en el informe es la duración del contrato y el mecanismo de compensación previsto para la empresa. Al establecerse un pago vinculado a un porcentaje de los ingresos aduaneros, el acuerdo relaciona la remuneración de la compañía con los recursos que recaude el Estado haitiano por esa vía. El documento plantea interrogantes sobre los beneficios económicos que obtendría la entidad privada durante los diez años de vigencia del convenio.
La advertencia también se enmarca en la ampliación de las funciones que el Gobierno haitiano ha confiado a empresas privadas en materia de seguridad. De acuerdo con el informe, la participación de estas compañías, inicialmente concentrada en labores vinculadas con el combate a las bandas criminales, se ha extendido al control de las fronteras y a la administración de aspectos relacionados con las operaciones aduaneras.
Este cambio amplía el alcance de la contratación privada en áreas consideradas estratégicas para el funcionamiento del Estado. El control fronterizo y la gestión aduanera están vinculados tanto con la seguridad nacional como con la supervisión del comercio y la recaudación de ingresos públicos, por lo que la intervención de una empresa internacional en estas funciones plantea cuestiones sobre la delimitación de responsabilidades.
Las preocupaciones recogidas por el Panel de Expertos se centran en las consecuencias que puede tener este modelo para la soberanía haitiana y en las condiciones económicas del acuerdo. La duración del contrato y la participación de la compañía en los ingresos aduaneros figuran entre los elementos que requieren atención dentro de la evaluación presentada ante el Consejo de Seguridad.
El informe sitúa esta contratación dentro de los cambios en la gestión de la seguridad en Haití, donde el Estado ha recurrido a mecanismos privados para atender distintas necesidades. Sin embargo, el alcance de las funciones delegadas y la relación financiera establecida con la empresa internacional han abierto interrogantes sobre el control estatal de áreas fundamentales para la seguridad y la administración de los recursos públicos.