La decisión llega tras protestas estudiantiles y cuestionamientos a la respuesta de la universidad ante una denuncia presentada por una estudiante
La Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York, abrió una revisión independiente sobre la manera en que manejó la denuncia de una estudiante que aseguró haber sido drogada y agredida sexualmente por varios integrantes de una fraternidad durante una fiesta en octubre de 2024. La medida llega después de semanas de críticas y protestas dentro y fuera del campus.
La estudiante, identificada en documentos judiciales como Jane Doe, presentó en septiembre una demanda civil contra Cornell y siete integrantes de la fraternidad Chi Phi. En su denuncia sostiene que la universidad no investigó adecuadamente el caso ni aplicó sanciones suficientes a los estudiantes señalados. Los hombres acusados han negado las imputaciones o han cuestionado su participación, según documentos citados por medios estadounidenses.
Cornell realizó anteriormente una investigación disciplinaria interna y aplicó distintas sanciones, incluyendo expulsiones, suspensiones y otras medidas. Además, la universidad cerró el capítulo de la fraternidad involucrada. Sin embargo, inicialmente no se presentaron cargos penales contra los señalados.
La controversia se intensificó después de que la estudiante presentara la demanda y se conocieran detalles de su declaración ante la Policía de Cornell. La Fiscalía del condado de Tompkins reabrió posteriormente la investigación criminal, mientras la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designó a la fiscal general estatal Letitia James como fiscal especial para el caso.
Como parte de la nueva revisión, Cornell designó a Sally Yates, exsubsecretaria de Justicia de Estados Unidos, para examinar de manera independiente la respuesta de la institución y sus procedimientos para prevenir y atender denuncias de agresión sexual. El comité especial de la Junta de Fideicomisarios señaló que Yates contará con independencia plena para realizar el trabajo.
El caso también provocó una movilización estudiantil este lunes, en la que más de mil personas reclamaron mayor transparencia, medidas disciplinarias más firmes y cambios en la forma en que la universidad aborda las denuncias de violencia sexual.