La Fuerza Nacional Progresista (FNP) pidió a los poderes del Estado cambiar el enfoque utilizado para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado en República Dominicana, al considerar que las políticas aplicadas hasta el momento no han producido los resultados esperados.
La organización política cuestionó particularmente lo que popularmente se conoce como el “Código 29”, expresión utilizada para hacer referencia a los llamados intercambios de disparos entre agentes policiales y presuntos delincuentes.
Según el planteamiento de la FNP, la respuesta del Estado frente a la criminalidad debe concentrarse en desarticular las estructuras que operan detrás de actividades violentas y del narcotráfico.
La entidad sostiene que, en lugar de recurrir a la eliminación física de personas vinculadas a hechos delictivos, las autoridades deben fortalecer el marco legal y establecer mecanismos que permitan perseguir de manera más efectiva a las organizaciones criminales.
La propuesta incluye cambios en las normas que regulan la persecución penal y el combate contra las estructuras dedicadas al crimen organizado.
Uno de los planteamientos presentados por la organización consiste en estudiar la incorporación de algunos elementos del denominado Derecho Penal del Enemigo, corriente jurídica que contempla un tratamiento penal diferenciado para determinados individuos considerados como una amenaza para la sociedad.
La FNP plantea que cualquier adaptación de este tipo tendría que realizarse de acuerdo con las condiciones institucionales del país y dentro del marco establecido por la Constitución de la República y las leyes dominicanas.
La organización considera que el combate al crimen organizado requiere herramientas que permitan identificar y perseguir no solamente a quienes ejecutan directamente determinadas acciones delictivas, sino también a las estructuras que las financian, coordinan y facilitan.
Dentro de este enfoque, el narcotráfico constituye uno de los principales fenómenos que, según la FNP, deben ser enfrentados mediante mecanismos legales y operativos más amplios.
La entidad también plantea la necesidad de revisar las políticas de seguridad ciudadana y evaluar los resultados obtenidos hasta el momento.
Su propuesta abre nuevamente el debate sobre las estrategias que utiliza el Estado dominicano para enfrentar la delincuencia, así como sobre los límites que deben observar las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública.
La FNP sostiene que las medidas contra el crimen deben procurar fortalecer la capacidad del Estado para investigar, procesar y sancionar a quienes participan en estructuras delictivas, respetando al mismo tiempo las garantías establecidas por el ordenamiento jurídico.
El planteamiento de la organización corresponde a una propuesta política y jurídica que deberá ser debatida en el marco institucional correspondiente.
La discusión también involucra el equilibrio entre las políticas de seguridad, la persecución del crimen organizado y la protección de los derechos y garantías establecidos por la legislación dominicana.