La Corte Suprema de Justicia de Argentina desestimó este martes una demanda presentada contra un decreto del presidente Javier Milei que permite la venta de tierras rurales del país a ciudadanos extranjeros.
El máximo tribunal argentino consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata no contaba con legitimidad para presentar el reclamo judicial contra la medida.
La organización había cuestionado el decreto al considerar que sus disposiciones podían tener implicaciones sobre la soberanía nacional y había solicitado que se dejara sin efecto la normativa.
La decisión de la Corte Suprema ocurre después de que un tribunal inferior declarara inconstitucional el decreto en 2024, dando lugar a una disputa judicial sobre el alcance de la normativa y las condiciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
El decreto cuestionado forma parte de las medidas adoptadas durante la administración de Milei para modificar regulaciones relacionadas con la propiedad y el mercado de tierras en Argentina.
El máximo tribunal, sin embargo, centró su decisión en la capacidad del CECIM para promover la demanda. Al determinar que la organización no tenía legitimidad para formular el reclamo en esos términos, la Corte desestimó la acción presentada.
El fallo representa un nuevo capítulo en la discusión jurídica sobre la normativa que regula la propiedad de tierras rurales en Argentina y sobre los mecanismos mediante los cuales organizaciones y ciudadanos pueden cuestionar disposiciones gubernamentales ante los tribunales.
La controversia también ha generado un debate sobre la relación entre la inversión extranjera, el régimen de propiedad y la protección de determinados recursos considerados estratégicos.
Mientras el tribunal inferior había considerado inconstitucional el decreto en 2024, la decisión conocida este martes modifica el escenario judicial del caso al rechazar la demanda por una cuestión vinculada con la legitimidad de quienes la presentaron.
La resolución de la Corte Suprema deberá ser analizada dentro del marco de las normas argentinas sobre propiedad rural y los procedimientos establecidos para cuestionar judicialmente los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo.
El caso mantiene abierto el debate sobre las condiciones bajo las cuales los extranjeros pueden adquirir tierras rurales en Argentina y sobre el alcance de las regulaciones destinadas a controlar esas operaciones.