La medida afecta principalmente programas para refugiados, migrantes y menores no acompañados y ha provocado cuestionamientos dentro del propio Partido Republicano
La Administración de Donald Trump anunció la cancelación de casi US$1,000 millones en gastos aprobados por el Congreso de Estados Unidos, principalmente destinados a programas de atención para refugiados, solicitantes de asilo, menores migrantes no acompañados y otras iniciativas sociales.
La mayor partida corresponde a unos US$567 millones del Departamento de Salud y Servicios Humanos destinados a servicios para refugiados, solicitantes de asilo y otros no ciudadanos. También fueron incluidos fondos para programas de educación, vivienda y otras iniciativas dirigidas a comunidades específicas.
La Casa Blanca defendió la decisión como parte de la estrategia de Trump para reducir lo que considera gastos gubernamentales innecesarios. Según la administración, la disminución de los cruces fronterizos ha reducido la necesidad de mantener algunos de estos recursos.
Para retirar los fondos se utilizó un mecanismo conocido como “pocket rescission”, mediante el cual el presidente notifica al Congreso su intención de cancelar determinadas partidas presupuestarias poco antes del cierre del año fiscal. En este caso, el anuncio se produjo cuando quedaban pocos días para que terminara el período fiscal.
La medida generó críticas de legisladores de ambos partidos. La republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, afirmó que el Congreso fue informado sin suficiente anticipación y cuestionó que la administración pueda cancelar fondos que fueron aprobados y convertidos en ley sin una nueva autorización legislativa.
La controversia también tiene una dimensión legal. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental, organismo de supervisión del Congreso, ha sostenido que este mecanismo de retención de fondos puede violar las normas federales cuando el Ejecutivo intenta impedir que se utilicen recursos que el Congreso ya aprobó. El conflicto podría derivar nuevamente en acciones judiciales sobre los límites de la autoridad presidencial en materia presupuestaria.