Santo Domingo.– La comunicadora Claudia Pérez Ramírez, conocida como “La Tora”, cuestionó la medida de coerción impuesta en su contra dentro del proceso judicial que enfrenta y aseguró que se han producido irregularidades durante el desarrollo del caso.
Pérez Ramírez enfrenta un proceso relacionado con una acusación por presunta difamación e injuria, a raíz de una querella presentada por la periodista Iluminada Muñoz. El proceso se encuentra en los tribunales del Distrito Nacional y continúa abierto.
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso a Pérez una garantía económica de RD$500,000 en efectivo, además de impedimento de salida del país y presentación periódica. La decisión fue adoptada luego de que el tribunal conociera la solicitud de medida de coerción presentada dentro del proceso.
La comunicadora ha cuestionado la forma en que se ha desarrollado el procedimiento y ha defendido su posición frente a las acusaciones. Según declaraciones recogidas durante el proceso, Pérez ha sostenido que no habría recibido una notificación adecuada de algunas actuaciones judiciales.
Por su parte, los abogados de la parte querellante han defendido la acusación presentada contra la comunicadora y han señalado que el Ministerio Público realizó una investigación previa antes de presentar formalmente sus requerimientos ante los tribunales.
El caso se desarrolla en medio de recursos y actuaciones de las distintas partes. La defensa de Pérez ha recurrido la medida de coerción con el propósito de que sea revisada, incluyendo el monto de la garantía económica.
El proceso también contempla una etapa preliminar en la que deberán ser conocidos los argumentos de las partes y los elementos presentados dentro de la acusación.
Mientras avanza el expediente, corresponderá a los tribunales determinar la validez de los planteamientos formulados por cada parte y establecer las decisiones que correspondan conforme al procedimiento judicial.
Las declaraciones de “La Tora” sobre supuestas irregularidades forman parte de la posición de su defensa y deberán ser evaluadas dentro de las instancias correspondientes. Hasta que exista una decisión definitiva, las acusaciones y alegaciones de las partes deben mantenerse dentro del marco del proceso judicial.