Santo Domingo.– Un total de 26 imputados enfrentan este miércoles el conocimiento de la solicitud de medida de coerción por la nueva fase de investigación relacionada con el presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), en una audiencia que se desarrolla ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
La audiencia había sido aplazada y fue fijada para este miércoles 23 de septiembre, luego de que el Ministerio Público depositara una solicitud de medida de coerción contra los involucrados y pidiera que el proceso sea declarado complejo. El órgano persecutor también solicita 18 meses de prisión preventiva para los imputados.
El expediente corresponde a la operación denominada Cobra 2.0-A, también identificada como SeNaSa 2.0, y constituye una nueva línea dentro de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos del seguro estatal.
De acuerdo con la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), entre los procesados figuran médicos, empleados y exempleados de SeNaSa y otras personas relacionadas con el sector salud. Las autoridades sostienen que los involucrados habrían participado en distintas maniobras para gestionar autorizaciones y posteriormente reclamar pagos por servicios médicos que los afiliados presuntamente no solicitaron ni recibieron.
La investigación señala que fueron detectadas 4,363 autorizaciones consideradas fraudulentas, por un monto de aproximadamente RD$41.1 millones. Según el expediente, las operaciones investigadas se habrían producido entre enero de 2021 y febrero de 2025, mientras que SeNaSa reportó haber detectado las irregularidades y presentado una denuncia en noviembre de 2024.
El Ministerio Público sostiene que el supuesto mecanismo incluía el uso de información real de afiliados para gestionar autorizaciones correspondientes a consultas, estudios y procedimientos que no habrían sido realizados.
Las pesquisas también identificaron, según la acusación, formularios con firmas que los afiliados negaron haber colocado, documentos con inconsistencias y casos en los que personas consultadas aseguraron no reconocer los servicios médicos registrados a sus nombres. Entre los hallazgos descritos por la investigación aparecen incluso consultas ginecológicas facturadas a nombre de hombres.
Las autoridades atribuyen un papel central en una de las líneas investigadas al exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa Ángel Luis Guzmán Vásquez, quien no forma parte de esta solicitud de coerción porque ya cumple prisión preventiva en otro proceso relacionado con la investigación.
Según el Ministerio Público, Guzmán Vásquez habría utilizado sus conocimientos sobre los procedimientos internos de SeNaSa para acceder a información de afiliados y gestionar autorizaciones que posteriormente eran utilizadas en reclamaciones por servicios presuntamente inexistentes.
La solicitud presentada por la Pepca incluye imputaciones provisionales relacionadas con asociación de malhechores, estafa contra el Estado, falsificación y uso de documentos falsos, infracciones vinculadas a la seguridad social, acceso ilícito, robo de identidad y lavado de activos, entre otras figuras que deberán ser debatidas ante los tribunales.
El Ministerio Público también ha indicado que la investigación sobre SeNaSa continúa abierta y que podrían surgir nuevas personas o entidades vinculadas a otras líneas de investigación.
La audiencia de este miércoles representa, por tanto, uno de los primeros pasos judiciales de esta nueva fase del expediente. En ella, el tribunal deberá conocer los argumentos del Ministerio Público y de las defensas antes de determinar las medidas cautelares que correspondan conforme al proceso judicial.
Las acusaciones formuladas por el Ministerio Público deberán ser debatidas ante los tribunales y, hasta que exista una sentencia definitiva, los imputados conservan su presunción de inocencia.