Santo Domingo.– Un total de 28 personas, entre ellas médicos y otros prestadores de servicios de salud, permanecen detenidas luego de los 37 allanamientos ejecutados por el Ministerio Público como parte de la Operación Cobra 2.0-A, nueva fase de la investigación relacionada con el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Los operativos fueron realizados en diferentes puntos del país, incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. Tras los allanamientos, los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía del Distrito Nacional, ubicada en Ciudad Nueva, donde permanecen bajo interrogatorio mientras avanzan las pesquisas.
De acuerdo con las informaciones divulgadas sobre el operativo, esta nueva etapa de la investigación está dirigida principalmente contra profesionales de la salud, prestadores de servicios y otras personas que, según el Ministerio Público, podrían haber tenido participación en las maniobras investigadas.
La orden judicial que sirvió de base para los allanamientos contempla a especialistas de distintas áreas médicas, entre ellas ginecología y obstetricia, cirugía general, cardiología, gastroenterología y medicina interna. Los nombres de los 28 detenidos no habían sido divulgados oficialmente por el Ministerio Público al momento de las últimas informaciones disponibles.
Durante los allanamientos participaron 45 fiscales y 200 agentes de la Policía, con apoyo de otras unidades investigativas. Las autoridades informaron además sobre la ocupación de dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y otros bienes que podrían estar relacionados con las investigaciones.
El Ministerio Público sostiene que esta segunda fase busca establecer la participación de médicos y otros prestadores en un esquema que presuntamente habría permitido realizar cobros a Senasa por consultas y procedimientos que los afiliados no habrían solicitado ni recibido.
Según la investigación, se identificaron más de 4,300 autorizaciones médicas bajo análisis, relacionadas con cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas, por un monto de aproximadamente RD$41.1 millones. El órgano acusador sostiene que parte de los médicos involucrados habría entregado posteriormente entre un 40 % y un 60 % de los montos cobrados a otros integrantes de la estructura investigada.
La investigación también contempla otras presuntas irregularidades, entre ellas doble facturación, cobros por servicios o medicamentos que no habrían sido suministrados, utilización de documentos falsos y otras operaciones que, según el Ministerio Público, pudieron generar perjuicio económico a la aseguradora estatal.
Mientras los interrogatorios continúan, abogados de algunos de los detenidos han comenzado a cuestionar aspectos del procedimiento. El abogado Gerardo Rivas informó que representa a dos médicos cuyos nombres no quiso revelar y aseguró que ambos se encuentran tranquilos porque consideran que no tienen responsabilidad en los hechos que se les atribuyen.
Otro abogado, Alfonso Ramos, también denunció dificultades para asistir a uno de sus representados durante los interrogatorios, alegando que se habría vulnerado su derecho a contar con asistencia legal.
El Colegio Médico Dominicano informó que dará seguimiento al proceso y señaló que corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial investigar los hechos y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse.
La nueva fase del caso representa una ampliación de las investigaciones iniciadas meses atrás con la Operación Cobra, que llevó ante los tribunales a antiguos funcionarios de Senasa y otras personas señaladas por el Ministerio Público.
Por el momento, la situación jurídica de cada uno de los 28 detenidos deberá ser determinada individualmente. El arresto y la investigación no implican por sí mismos una declaración de culpabilidad, por lo que corresponderá a las autoridades presentar las evidencias y a los tribunales determinar las responsabilidades conforme al debido proceso.
El Ministerio Público dispone de un plazo legal para definir cuáles de los detenidos serán sometidos ante los tribunales y solicitar las medidas de coerción que considere correspondientes.