Santo Domingo.– El Ministerio Público informó el arresto de al menos 28 personas como parte de una nueva fase de la investigación relacionada con el presunto fraude cometido contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), proceso que las autoridades han denominado Operación Cobra 2.0-A.
La nueva etapa de las pesquisas incluyó 37 allanamientos realizados de manera simultánea en diferentes puntos del país, específicamente en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.
De acuerdo con las autoridades, entre las personas arrestadas figuran médicos, exempleados de SeNaSa y otros prestadores de servicios de salud, cuya participación está siendo investigada dentro del expediente.
El Ministerio Público sostiene que esta nueva fase busca ampliar las investigaciones iniciadas con la Operación Cobra y determinar la posible participación de otras personas y estructuras en las maniobras que habrían afectado los recursos de la aseguradora pública.
Según el órgano persecutor, el presunto entramado habría generado pérdidas de miles de millones de pesos al Estado dominicano mediante diferentes mecanismos que actualmente son objeto de investigación.
Las autoridades indicaron que en los operativos participaron fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y otras unidades del Ministerio Público, con apoyo de agentes de la Policía Nacional y organismos de investigación.
Durante los allanamientos también fueron ocupados bienes, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego, según informó el Ministerio Público, aunque las autoridades no habían detallado inicialmente el valor total de los bienes incautados.
La investigación actual constituye una ampliación del expediente iniciado con la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público presentó ante la Justicia a exfuncionarios, empresarios y otras personas vinculadas a la administración y operaciones comerciales de SeNaSa.
Entre los principales procesados de la primera etapa se encuentra el exdirector de SeNaSa Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, además de otros imputados que enfrentan distintas medidas de coerción.
El Ministerio Público ha señalado que en el expediente se investigan presuntas prácticas como sobornos, doble facturación, adulteración de estados financieros, cobros por servicios no prestados, falsificación de documentos y otras maniobras destinadas a distraer recursos públicos.
La investigación también ha alcanzado a prestadores de servicios de salud, debido a que las autoridades procuran establecer si algunos profesionales o empresas habrían participado en operaciones mediante las cuales se obtuvieron recursos de la aseguradora estatal de manera irregular.
El órgano acusador sostiene que las presuntas operaciones habrían afectado fondos destinados a los afiliados de SeNaSa, incluidos ciudadanos pertenecientes a sectores vulnerables que dependen de los servicios ofrecidos por la ARS pública.
Otra de las investigaciones vinculadas al manejo de recursos de SeNaSa es la denominada Operación Onco14, relacionada con el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao. En ese caso, el Ministerio Público también investiga presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con medicamentos, facturación y servicios médicos.
Las autoridades han indicado que las diferentes líneas investigativas buscan establecer la dimensión del presunto entramado y determinar las responsabilidades individuales de quienes pudieran haber participado en las operaciones bajo investigación.
La nueva fase se produce mientras el Ministerio Público continúa analizando una gran cantidad de documentos y transacciones relacionados con el expediente de SeNaSa. La institución ha señalado que las investigaciones permanecen abiertas y que podrían surgir nuevos elementos a medida que avance el proceso.
Hasta el momento, las personas arrestadas en esta nueva etapa no han sido declaradas culpables. Las imputaciones forman parte de una investigación penal en curso y corresponderá a los tribunales determinar las responsabilidades individuales que eventualmente sean establecidas conforme al debido proceso.
Con la Operación Cobra 2.0-A, el Ministerio Público busca ampliar el alcance de las pesquisas y determinar si otras personas o estructuras tuvieron participación en el presunto esquema que habría afectado los fondos públicos administrados por SeNaSa.