Santo Domingo.– El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) ha suspendido más de 40 cocinas que habían sido adjudicadas recientemente para suplir el almuerzo escolar, en medio de cuestionamientos relacionados con el proceso de contratación de los proveedores.
La información fue ofrecida por el director ejecutivo del INABIE, Rafael Adolfo Pérez de León, quien explicó que las suspensiones se produjeron luego de nuevas verificaciones realizadas a establecimientos que habían sido adjudicados para participar en el Programa de Alimentación Escolar.
“Ya hemos suspendido más de 40 cocinas de las mismas que adjudicamos hace apenas tres semanas”, afirmó Pérez de León durante una entrevista con la periodista Edith Febles.
Las declaraciones se producen después de que el equipo de N Investiga, de la periodista Nuria Piera, realizara investigaciones sobre el proceso de adjudicación de las cocinas destinadas a preparar los alimentos que son distribuidos a estudiantes de centros educativos públicos.
El INABIE ha explicado que las inspecciones posteriores a las adjudicaciones forman parte de los mecanismos de control establecidos para comprobar que los suplidores mantengan las condiciones que sirvieron de base para su habilitación y posterior contratación. Estas verificaciones pueden realizarse incluso durante la ejecución de los contratos.
Entre los hallazgos reportados por la institución se encuentran cocinas que habían sido declaradas por los oferentes pero que posteriormente no pudieron ser localizadas en las direcciones registradas. También se detectaron diferencias entre la capacidad instalada que había sido declarada durante las inspecciones iniciales y la capacidad comprobada posteriormente.
Asimismo, las inspecciones han identificado incumplimientos relacionados con las Buenas Prácticas de Manufactura, capacidad instalada insuficiente, deficiencias en infraestructura y equipos y problemas vinculados con las condiciones sanitarias de algunos establecimientos.
En otros casos, los inspectores encontraron cocinas que no estaban operando o que no presentaban evidencias suficientes de producción y controles documentales que permitieran comprobar su capacidad para prestar el servicio.
También se reportaron establecimientos cerrados durante las visitas de reinspección, instalaciones en proceso de remodelación y cambios de domicilio realizados sin autorización previa del INABIE.
Las suspensiones forman parte de los controles que aplica la institución para verificar que los proveedores adjudicados continúen cumpliendo con las condiciones técnicas, sanitarias y operativas exigidas dentro del Programa de Alimentación Escolar.
El INABIE informó previamente que 14 proveedores habían sido suspendidos formalmente tras detectar irregularidades técnicas en nuevas inspecciones realizadas luego del proceso de adjudicación correspondiente a los años lectivos 2026-2027 y 2027-2028.
Posteriormente, el director ejecutivo explicó que el número de suplidores suspendidos había aumentado a 44, en medio de las verificaciones realizadas durante las primeras semanas de docencia.
Pérez de León también ha señalado que el programa distribuye alrededor de dos millones de raciones de leche diariamente, por lo que la institución mantiene controles sobre los suplidores y aplica medidas cuando se detectan incumplimientos.
El funcionario explicó además que los pagos a los proveedores están vinculados a las entregas efectivamente realizadas y a la documentación que deben presentar, por lo que los contratistas no reciben por adelantado el monto total de los contratos adjudicados.
La situación ha generado cuestionamientos sobre el proceso de contratación y sobre los mecanismos utilizados para verificar las condiciones de las empresas antes y después de las adjudicaciones.
Ante estas circunstancias, el INABIE sostiene que las inspecciones posteriores constituyen una herramienta de supervisión necesaria para comprobar que las condiciones de los suplidores se mantengan durante la ejecución de los contratos.
Las suspensiones continuarán siendo aplicadas cuando las inspecciones determinen incumplimientos de las condiciones establecidas en los procesos de contratación, de acuerdo con los mecanismos previstos en la normativa vigente.
El caso mantiene abierto el debate sobre los controles aplicados a las empresas que participan en el suministro de alimentos a los centros educativos y sobre la necesidad de garantizar que las cocinas adjudicadas cuenten efectivamente con las condiciones necesarias para prestar el servicio.