sábado, septiembre 26

CODUE pide garantizar el debido proceso en el caso de Ángel Capellán

Feliciano Lacen Custodio llamó a investigar las denuncias, valorar las pruebas conforme a la ley y garantizar la protección integral de los menores

El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), pastor Feliciano Lacen Custodio, pidió al Ministerio Público y a los órganos de justicia garantizar el debido proceso en el caso de Ángel Capellán, director de la Fundación Restaurando Vidas, ubicada en Haina, provincia San Cristóbal.

Lacen Custodio sostuvo que las denuncias relacionadas con el caso deben ser investigadas por las autoridades correspondientes y que las pruebas deben ser presentadas y valoradas de acuerdo con las disposiciones legales, al tiempo que se garantice el derecho de todas las partes involucradas a ser escuchadas.

“Es fundamental que se respete el debido proceso, que las pruebas sean presentadas y valoradas conforme a la ley, que todas las partes tengan la oportunidad de ser escuchadas y, al mismo tiempo, debe garantizarse la protección integral de los menores de edad”, expresó el presidente del Codue.

El pronunciamiento se produce en medio del proceso judicial iniciado contra Ángel Gabriel Capellán e Isaías Muñoz Rodríguez, relacionado con denuncias sobre presuntos hechos cometidos contra menores que se encontraban en la Fundación Restaurando Vidas, en Haina.

El Ministerio Público ha señalado que los menores son considerados víctimas dentro del proceso y que las autoridades han realizado actuaciones para garantizar su protección. En una de las etapas iniciales del caso, la Fiscalía informó que solicitaría prisión preventiva y que la calificación jurídica provisional incluía trata de personas con fines de explotación laboral.

La investigación ha generado posiciones encontradas. Mientras el Ministerio Público sostiene sus señalamientos y desarrolla el proceso judicial, familiares de algunos de los menores han expresado públicamente su respaldo a Capellán y han cuestionado parte de la actuación de las autoridades.

El proceso también ha enfrentado dificultades relacionadas con la representación legal de los menores. Una audiencia de medida de coerción fue aplazada luego de que surgiera un conflicto sobre la representación de las víctimas, situación que debía ser regularizada antes de continuar con el conocimiento del caso.

Posteriormente, otra audiencia fue aplazada para permitir la participación de las madres de los menores, quienes habían solicitado ser escuchadas y, en algunos casos, han expresado una posición distinta a la acusación presentada por el Ministerio Público.

En ese contexto, la petición de Lacen Custodio se centra en que el proceso avance respetando las garantías establecidas por la legislación, incluyendo la presentación y valoración de las pruebas y el derecho de las partes a exponer sus posiciones ante las autoridades judiciales.

Al mismo tiempo, el presidente del Codue subrayó la necesidad de que la protección de los menores sea una prioridad durante el desarrollo del proceso, independientemente de las conclusiones que posteriormente correspondan a los tribunales.

El caso continúa en la jurisdicción de San Cristóbal, donde deberán conocerse las actuaciones procesales correspondientes y determinarse, con base en las pruebas presentadas y las garantías del debido proceso, las responsabilidades que eventualmente puedan establecerse.

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