La Corte Suprema de Nuevo México sancionó a Stephen D. Aarons después de que un documento presentado en una apelación incluyera testigos y declaraciones policiales que nunca existieron
La Corte Suprema de Nuevo México multó con US$5,000 y declaró en desacato al abogado Stephen D. Aarons, luego de determinar que presentó un recurso de apelación que contenía información falsa generada con ayuda de ChatGPT.
El documento fue presentado en defensa de Oscar Renee Sandoval, un hombre condenado a cadena perpetua por el asesinato de la madre de sus hijos. Aarons había asumido la representación del condenado para intentar revertir la sentencia.
Según el tribunal, el escrito incluía testimonios policiales falsos y declaraciones atribuidas a testigos completamente ficticios. También aparecían detalles inventados sobre la vestimenta que supuestamente llevaba el autor del crimen.
Aarons reconoció ante la corte que utilizó ChatGPT para resumir las actuaciones del juicio y que confió en que la herramienta produciría un resumen preciso. El abogado sostuvo que no comprendía el alcance de las llamadas “alucinaciones” de la inteligencia artificial, término utilizado para describir cuando estos sistemas generan información falsa con apariencia de certeza.
Sin embargo, los jueces cuestionaron que el abogado no hubiera verificado la información antes de incorporarla a un documento judicial. La Corte señaló además que Aarons mostró falta de preocupación por las consecuencias que el uso de información falsa podía tener para su cliente.
Además de imponerle la multa, la Corte Suprema de Nuevo México decidió remitir el caso a un organismo disciplinario para una investigación adicional. La apelación de Sandoval continúa pendiente y fue reasignada a una defensora pública.
El caso se suma a una creciente lista de sanciones contra abogados que han presentado documentos judiciales con información inventada por herramientas de inteligencia artificial sin verificar previamente su contenido. La situación vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad profesional de revisar y confirmar cualquier información generada mediante estas tecnologías antes de utilizarla en procesos judiciales.