Bogotá.– El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que la Policía podrá ingresar a las universidades del país cuando dentro de los campus se registren hechos de violencia, vandalismo, terrorismo o graves alteraciones del orden público.
La decisión fue comunicada por el mandatario durante una alocución en la que sostuvo que la autonomía universitaria no puede utilizarse como argumento para impedir la actuación de las autoridades frente a situaciones que representen una amenaza para la seguridad y el orden público.
De la Espriella afirmó que los campus universitarios no pueden ser considerados espacios ajenos a la Constitución, las leyes o la autoridad legítima del Estado. Su planteamiento se centra en establecer una diferencia entre el derecho a la protesta pacífica y aquellas acciones que deriven en violencia o delitos.
El Gobierno anunció la creación de un protocolo nacional de actuación que establecerá los procedimientos que deberán seguir las autoridades cuando las manifestaciones desarrolladas en universidades pasen de expresiones de protesta a situaciones de violencia, vandalismo, terrorismo o alteraciones extraordinarias del orden público.
La medida no plantea, según las informaciones oficiales divulgadas, una intervención policial automática ante cualquier protesta universitaria. El Ejecutivo ha señalado que las autoridades deberán diferenciar las manifestaciones protegidas por la Constitución de aquellas situaciones en las que exista violencia, flagrancia, peligro o una alteración grave del orden público.
El anuncio coloca nuevamente en el centro del debate la relación entre la autonomía universitaria, el derecho a la protesta y las facultades del Estado para garantizar la seguridad dentro de los centros educativos.
La discusión adquiere especial relevancia debido a que las universidades han sido históricamente espacios de movilización y protesta social en Colombia. La nueva disposición busca establecer límites claros sobre la actuación de la fuerza pública cuando esas manifestaciones deriven en hechos considerados delictivos o violentos.
El Gobierno de De la Espriella sostiene que la protección de la autonomía universitaria no implica que los campus queden por fuera del marco constitucional y legal colombiano.
La aplicación de la medida dependerá ahora del protocolo anunciado por el Ejecutivo y de las condiciones bajo las cuales las autoridades podrán intervenir en los centros universitarios.
El anuncio también podría generar debate entre sectores académicos, estudiantiles y políticos sobre el alcance de la autonomía universitaria y las garantías para el ejercicio de la protesta.
Mientras el Gobierno prepara las reglas de actuación, la administración de De la Espriella mantiene su posición de que la seguridad y el orden público deben prevalecer cuando se produzcan hechos de violencia dentro de las universidades.-