Rafael Burgos advierte que los profesionales que incurran en negligencias durante procesos judiciales podrían ser separados de sus funciones e investigados por posibles perjuicios al Estado
La Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN) informó que ha reforzado su estrategia jurídica con el objetivo de proteger los terrenos propiedad del Estado y mejorar el seguimiento de los procesos judiciales en los que la institución figura como parte.
El director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos, explicó que una de las medidas adoptadas consiste en establecer mayores controles sobre el desempeño de los abogados responsables de representar a la entidad ante los tribunales. La intención, según planteó, es garantizar que los procedimientos legales sean atendidos con la diligencia necesaria y evitar actuaciones que puedan afectar los intereses del patrimonio público.
Burgos fue enfático al advertir que los profesionales del derecho que incurran en negligencias durante los procesos judiciales tendrán que asumir consecuencias. Señaló que un abogado que permita el vencimiento de una actuación procesal o que contribuya a un revés judicial por falta de diligencia podría ser separado de sus funciones.
El funcionario agregó que, dependiendo de las circunstancias de cada caso, también podrían abrirse investigaciones para determinar si las actuaciones u omisiones de los representantes legales ocasionaron perjuicios al Estado. La advertencia forma parte de una política orientada a elevar los niveles de responsabilidad dentro del equipo encargado de defender judicialmente los bienes públicos.
La posición de Burgos se produce luego de un revés judicial relacionado con unos terrenos ubicados en la avenida José Contreras. En ese proceso, el Estado fue condenado a pagar RD$2,693.9 millones a los sucesores de la familia Peynado, una decisión que ha puesto nuevamente la atención sobre la importancia de la defensa jurídica de los terrenos estatales.
El director de Bienes Nacionales explicó que este tipo de procesos evidencia la necesidad de mantener una supervisión permanente sobre los expedientes que involucran propiedades del Estado. La revisión de los casos y el seguimiento de los plazos procesales resultan fundamentales para evitar que una omisión pueda tener consecuencias económicas para las instituciones públicas.
Burgos también reveló que, después de asumir la dirección de Bienes Nacionales, se llevó a cabo una revisión de la estructura jurídica de la institución. Como resultado de ese proceso, alrededor de 200 abogados fueron desvinculados de la entidad, de acuerdo con lo informado por el funcionario.
Según Burgos, durante esa evaluación encontró prácticas dentro del equipo legal que, a su juicio, comprometían la defensa de los bienes públicos. La revisión, por tanto, no se limitó a evaluar la cantidad de profesionales disponibles, sino también la forma en que se estaban manejando los procesos judiciales relacionados con propiedades estatales.
La nueva estrategia busca establecer mayores niveles de control y responsabilidad sobre quienes tienen a su cargo la representación legal de Bienes Nacionales. La institución administra y defiende intereses vinculados al patrimonio inmobiliario del Estado, por lo que los procesos judiciales pueden tener consecuencias relevantes cuando están relacionados con terrenos de alto valor.
En ese contexto, las advertencias del director apuntan a que los abogados que representan a la institución deben mantener un seguimiento riguroso de cada expediente, especialmente en lo relacionado con los plazos y actuaciones que establece el sistema judicial. Cualquier descuido en esas obligaciones podría generar consecuencias tanto para el responsable como para la propia institución.
La DGBN sostiene que el fortalecimiento de su estructura legal forma parte de los esfuerzos para garantizar una defensa más efectiva de las propiedades estatales y reducir los riesgos derivados de decisiones u omisiones dentro de los procesos judiciales.
El caso de los terrenos de la avenida José Contreras y la revisión realizada al equipo jurídico han colocado la gestión legal de los bienes públicos entre los aspectos que Bienes Nacionales busca fortalecer, con énfasis en la responsabilidad de los profesionales encargados de representar los intereses del Estado ante los tribunales.