A 25 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el proceso judicial contra Khalid Sheikh Mohammed, señalado por las autoridades estadounidenses como presunto autor intelectual de los ataques, continúa sin llegar a juicio debido a una extensa serie de obstáculos legales y procesales.
Mohammed permanece detenido en la base naval estadounidense de Guantánamo, donde fue trasladado en septiembre de 2006, después de permanecer durante más de tres años bajo custodia en centros secretos de la CIA en distintos países.
El acusado fue capturado en Pakistán en 2003 y posteriormente procesado por su presunta participación en la planificación y dirección de la operación de Al Qaeda que desembocó en los ataques contra Nueva York, Washington y Pensilvania.
Aunque después de décadas de procedimientos preliminares un juez militar estableció recientemente el 5 de junio de 2028 como fecha para el inicio del juicio contra Mohammed y otros acusados, abogados y expertos legales consideran que todavía existen importantes obstáculos que podrían impedir que esa fecha se cumpla.
Uno de los principales problemas está relacionado con las pruebas obtenidas después de la captura de Mohammed. Durante su detención en instalaciones secretas de la CIA fue sometido a métodos de interrogatorio considerados tortura, entre ellos el waterboarding, una técnica de simulación de ahogamiento.
A finales de agosto de este año, un juez militar determinó que los fiscales no podrán utilizar una confesión que Mohammed realizó ante agentes del FBI en 2007, al considerar que esas declaraciones estuvieron contaminadas por los efectos de los interrogatorios coercitivos que había sufrido previamente. El Gobierno estadounidense decidió no apelar esa decisión para evitar nuevos retrasos en el proceso.
La exclusión de esa evidencia representa un nuevo golpe para la acusación, que durante años ha enfrentado dificultades para construir un caso judicial debido a las circunstancias en las que fueron obtenidas algunas de las declaraciones de los acusados.
El proceso también estuvo marcado por negociaciones para alcanzar acuerdos de culpabilidad que habrían permitido evitar un juicio con posibilidad de pena de muerte a cambio de condenas de prisión de por vida. Esos acuerdos finalmente se derrumbaron y el caso regresó al escenario de los tribunales militares.
La posibilidad de llevar el proceso a un tribunal civil en Nueva York también fue descartada años atrás debido a preocupaciones de seguridad y a una fuerte oposición política.
Mientras tanto, Mohammed continúa recluido en Guantánamo, una instalación cuya historia ha estado estrechamente vinculada con las controversias sobre las detenciones posteriores a los atentados y los métodos de interrogatorio empleados durante la llamada guerra contra el terrorismo.
El caso representa uno de los procesos judiciales más prolongados relacionados con los ataques del 11 de septiembre, que dejaron cerca de 3,000 personas muertas en Nueva York, el Pentágono y un área rural de Pensilvania.
A un cuarto de siglo de los atentados, familiares de las víctimas continúan esperando que el proceso judicial avance. Sin embargo, las disputas sobre las pruebas, los efectos de las torturas y las decisiones adoptadas durante años de procedimientos preliminares han dificultado que el caso llegue a una resolución definitiva.
La fecha fijada para 2028 constituye un nuevo intento de llevar el proceso a juicio, pero la complejidad jurídica acumulada durante más de dos décadas mantiene abierta la posibilidad de nuevos retrasos.
De esta manera, 25 años después de los ataques que cambiaron profundamente la política de seguridad internacional, uno de los principales casos judiciales derivados del 11-S continúa sin una sentencia definitiva.