Santo Domingo.– La jueza presidenta de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, Rosa Evelyn Fermín Díaz, se reservó para el próximo 18 de septiembre la pronunciación del fallo sobre una solicitud de levantamiento del embargo retentivo trabado contra cuentas del Banco Central de la República Dominicana ante organismos de la banca internacional.
La medida judicial fue promovida por el Consorcio Méndes Junior-Méndez Cabral, que procura que el Banco Central cumpla con una sentencia que dispone el pago de US$5 millones a favor del consorcio.
El reclamo está relacionado con la apropiación de unos terrenos ubicados en el área del antiguo aeropuerto de Herrera, Distrito Nacional, por los cuales el consorcio sostiene que corresponde recibir la compensación establecida mediante una decisión judicial.
El embargo retentivo, sin embargo, fue establecido por un monto de US$10 millones, equivalente al doble de los US$5 millones reclamados. De acuerdo con lo planteado en el proceso, esta suma responde a las disposiciones del Código Civil aplicables a este tipo de medidas, que permiten trabar el embargo por el doble de la cantidad adeudada.
La controversia que ahora debe resolver la jueza está relacionada con la solicitud presentada para levantar dicha medida contra las cuentas del Banco Central mantenidas ante organismos de la banca internacional.
La decisión quedó pendiente luego de la audiencia celebrada ante la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional. La magistrada Fermín Díaz fijó el 18 de septiembre como la fecha en la que dará a conocer su decisión sobre la solicitud.
El proceso tiene como antecedente una sentencia que ordena al Banco Central realizar el pago de los US$5 millones reclamados por el consorcio. La parte demandante procura que dicha decisión sea ejecutada y que los recursos establecidos judicialmente sean efectivamente entregados.
El embargo constituye una herramienta utilizada por la parte acreedora dentro del proceso de ejecución, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la obligación reconocida judicialmente.
En este caso, la medida alcanza cuentas del Banco Central ante entidades de la banca internacional, lo que añade una dimensión financiera al proceso que actualmente se encuentra bajo consideración de la jurisdicción civil y comercial.
La suma de US$10 millones corresponde al monto por el cual fue trabado el embargo y no significa que esa sea la cantidad que el consorcio reclama como deuda principal. El monto señalado como obligación principal es de US$5 millones, mientras que el embargo fue establecido por el doble de esa cantidad.
La decisión que deberá emitir la jueza Rosa Evelyn Fermín Díaz determinará si procede o no la solicitud de levantamiento presentada respecto de la medida.
Mientras llega la fecha fijada, el proceso permanece pendiente de decisión judicial y las partes deberán esperar el pronunciamiento de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional.
El caso vuelve a colocar bajo atención judicial el cumplimiento de una sentencia que involucra al Banco Central y un reclamo económico relacionado con terrenos del antiguo aeropuerto de Herrera.
La decisión del próximo 18 de septiembre permitirá conocer la posición del tribunal respecto a la solicitud de levantar el embargo y establecerá el curso que seguirá el proceso en torno al cumplimiento de la sentencia de pago.