El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la firma de un decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en el país.
El mandatario aclaró que la medida no implica un porte indiscriminado de armas, debido a que se mantienen vigentes los requisitos, controles y permisos establecidos por las autoridades competentes.
La decisión representa un cambio en las disposiciones relacionadas con la autorización para portar armas de fuego, aunque el presidente aseguró que las personas interesadas deberán cumplir con los procedimientos y condiciones establecidos por la legislación y las instituciones encargadas de regular esta materia.
Durante su intervención, De la Espriella también hizo referencia a las cifras relacionadas con las armas incautadas por la Fuerza Pública durante los primeros meses del año.
Según los datos citados por el mandatario, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre fueron incautadas 15,700 armas de fuego en diferentes operaciones desarrolladas en el país.
De ese total, 14,179 armas estarían relacionadas con la comisión de distintos delitos, de acuerdo con las cifras presentadas por el presidente colombiano.
El mandatario también señaló que cientos de las armas ocupadas estaban presuntamente vinculadas a grupos armados ilegales.
Entre el armamento mencionado se encuentran 380 fusiles y 65 morteros que, según indicó, estarían asociados a disidencias armadas.
La decisión de levantar la suspensión general de los permisos para el porte de armas se produce en medio de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno colombiano.
De la Espriella ha planteado una política de seguridad enfocada en el fortalecimiento de las acciones contra las organizaciones criminales y los grupos armados ilegales.
Las autoridades continuarán aplicando los controles establecidos para determinar quiénes pueden obtener y mantener los permisos correspondientes para el porte de armas de fuego.
El Gobierno insistió en que el decreto no elimina los mecanismos de regulación existentes ni autoriza a la población a portar armas sin cumplir con los requisitos establecidos.
La medida mantiene abiertos los controles institucionales sobre el porte de armas, mientras el Gobierno busca reforzar sus acciones contra las armas ilegales utilizadas en actividades delictivas y por grupos armados.
El anuncio genera atención en Colombia debido al debate que históricamente ha existido en el país sobre el acceso y la regulación de las armas de fuego, especialmente en el contexto de la lucha contra el crimen organizado y los grupos armados ilegales.