
El dirigente de la Fuerza del Pueblo respaldó la repatriación después del alta médica, pero rechazó operativos migratorios dentro de los centros de salud
El secretario de organización del partido Fuerza del Pueblo, Bautista Rojas Gómez, conocido como Bauta, cuestionó las ejecutorias del Gobierno en áreas como la producción agropecuaria y el medio ambiente, al tiempo que fijó una posición sobre la atención médica que deben recibir las mujeres extranjeras, particularmente las ciudadanas haitianas indocumentadas que acuden a los centros hospitalarios del país para dar a luz.
Rojas Gómez, quien también se desempeñó como ministro y es médico de profesión, defendió el acceso de las parturientas extranjeras a los servicios de maternidad, argumentando que la atención sanitaria durante una emergencia no debe estar condicionada por la situación migratoria de la paciente.
Durante sus declaraciones, el dirigente opositor sostuvo de manera firme que “la salud es un derecho humano y eso no se le puede negar a nadie”, al considerar que el Estado no debe desproteger a una mujer que se encuentre en proceso de parto y requiera atención médica.
Su planteamiento se centra particularmente en el momento en que las pacientes llegan a los hospitales en condiciones que requieren asistencia inmediata. Para el dirigente de la Fuerza del Pueblo, la prioridad durante una emergencia debe estar relacionada con la atención médica y con las decisiones que corresponden al personal sanitario.
Rojas Gómez también estableció una diferencia entre la atención hospitalaria y las acciones migratorias posteriores. Aunque respaldó que las pacientes puedan ser repatriadas una vez que hayan recibido el alta clínica, rechazó que los procedimientos de control migratorio interfieran con la atención médica dentro de los centros asistenciales.
En ese sentido, el exministro cuestionó la realización de operativos policiales o migratorios en hospitales, especialmente cuando se trata de áreas de emergencia. Su posición es que el personal médico debe conservar la responsabilidad sobre las decisiones relacionadas con el estado de salud de los pacientes.
“no acepto que haya un inspector de migración en una emergencia porque la suerte del enfermo la decide el médico”, afirmó Rojas Gómez, dejando clara su oposición a la presencia de inspectores migratorios en espacios destinados a la atención de emergencias.
La postura expresada por el dirigente político plantea una separación entre las funciones de las autoridades migratorias y las responsabilidades del personal sanitario. Mientras reconoce la posibilidad de que las autoridades procedan con la repatriación después del alta médica, considera que durante la emergencia la prioridad debe ser garantizar la asistencia requerida.
El tema de la atención hospitalaria a ciudadanos extranjeros, particularmente a mujeres haitianas en situación migratoria irregular, continúa formando parte de las discusiones relacionadas con migración, servicios públicos y derechos fundamentales en República Dominicana.
En sus declaraciones, Rojas Gómez vinculó esta posición con su visión sobre el papel del Estado frente a las personas que requieren asistencia médica. Su argumento parte de la consideración de que una emergencia sanitaria debe ser atendida bajo criterios médicos, sin que la condición migratoria determine la asistencia que recibirá la persona durante el proceso de atención.
Además de referirse a la atención de las parturientas extranjeras, el secretario de organización de la Fuerza del Pueblo aprovechó sus declaraciones para cuestionar las ejecutorias de la actual administración en materia de producción agropecuaria y medio ambiente.
Aunque el texto de sus planteamientos sobre esas áreas se concentra en una crítica general a las ejecutorias gubernamentales, sus declaraciones abarcaron distintos aspectos de la gestión pública y fijaron una postura política frente a las políticas implementadas por el Gobierno.
En el caso específico de la atención a las mujeres haitianas indocumentadas, su planteamiento combina la defensa del acceso a los servicios de maternidad con el reconocimiento de las competencias de las autoridades migratorias una vez concluida la atención médica.
De esta manera, Rojas Gómez sostiene que una paciente puede ser sometida posteriormente a los procedimientos migratorios correspondientes, pero considera que estos no deben interferir con la atención que requiere mientras se encuentra en una emergencia o durante el proceso de parto.
La posición del dirigente de la Fuerza del Pueblo vuelve a colocar en el debate público la relación entre las políticas migratorias y la prestación de servicios de salud, especialmente en situaciones consideradas de emergencia.
Para Rojas Gómez, el criterio médico debe prevalecer dentro de los centros asistenciales cuando está en juego la salud de una persona. Su rechazo a la presencia de inspectores de Migración en las emergencias responde precisamente a esa consideración.
El dirigente político insistió así en que la atención médica y las acciones migratorias deben mantenerse diferenciadas, respaldando la asistencia hospitalaria durante el parto y dejando la aplicación de las medidas migratorias para después de que la paciente reciba el alta clínica.
