El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el próximo 14 de septiembre la continuación de la audiencia del proceso seguido contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y los demás imputados.
La audiencia estaba destinada a continuar con el conocimiento de los incidentes relacionados con solicitudes de extinción de la acción penal presentadas por las defensas de seis de los procesados.
La suspensión se produjo debido a razones de salud de Altagracia Guillén, quien durante una sesión anterior también había presentado complicaciones médicas que obligaron a su traslado a un centro de salud.
El proceso judicial se encuentra en una etapa en la que las distintas defensas continúan planteando argumentos e incidentes ante el tribunal, mientras el Ministerio Público mantiene su acusación contra Rodríguez y los demás involucrados.
El pasado 17 de agosto, el Segundo Tribunal Colegiado rechazó la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador. Las juezas determinaron que, aunque el proceso lleva varios años en los tribunales, no se produjo una demora injustificada atribuible exclusivamente a los órganos judiciales.
El tribunal, presidido por la magistrada Claribel Nivar Arias e integrado por las juezas Clara Castillo y Yissell Soto, consideró la complejidad del expediente y la participación procesal de las distintas partes al evaluar la duración del caso.
La defensa de Rodríguez había sostenido que el proceso había superado el plazo máximo establecido por la legislación y que correspondía declarar extinguida la acción penal. Sin embargo, las magistradas concluyeron que el tiempo transcurrido no podía analizarse únicamente mediante un conteo de los días, sino tomando en cuenta las circunstancias y actuaciones desarrolladas durante el proceso.
Con el nuevo aplazamiento, las partes deberán regresar al tribunal el 14 de septiembre para continuar con el conocimiento de los incidentes pendientes y avanzar en el desarrollo del proceso.
El expediente corresponde a un proceso de presunta corrupción administrativa en el que el Ministerio Público atribuye a Rodríguez y a otros imputados distintas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República.
La acusación del órgano persecutor señala un presunto perjuicio económico superior a RD$6,000 millones contra el Estado dominicano, aunque las imputaciones deberán ser determinadas por los tribunales conforme avance el juicio y sean valoradas las pruebas presentadas por las partes.
La continuación de la audiencia permitirá conocer los planteamientos pendientes de las defensas y las posiciones que adopte el Ministerio Público frente a los incidentes presentados.
El proceso permanece, por tanto, abierto y bajo conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, a la espera de que las partes continúen agotando las distintas etapas y mecanismos establecidos por la legislación procesal penal.