El Tribunal Constitucional (TC) emitió dos nuevas sentencias mediante las cuales sancionó a distintas entidades del Estado por incumplir órdenes judiciales previas, acumulando en conjunto RD$1,470,000 en astreintes a favor de dos ciudadanos afectados por la inacción administrativa.
Mediante la sentencia TC/0844/26, la Alta Corte acogió la solicitud de liquidación de astreinte presentada por Isidro Díaz Rosario y condenó a la Dirección General de la Policía Nacional al pago de RD$520,000 por el incumplimiento de la sentencia TC/1104/24, emitida el 30 de diciembre de 2024.
En un segundo fallo, correspondiente a la sentencia TC/0851/26, el Tribunal Constitucional acogió la solicitud de liquidación de astreinte presentada por Yolanda del Carmen Solís de Rosario.
En este caso, el tribunal sancionó de manera solidaria al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) y al Ministerio de Hacienda con el pago de RD$950,000.
Las astreintes son multas conminatorias utilizadas para procurar el cumplimiento de determinadas decisiones judiciales. En ambos casos, las sanciones fueron establecidas a favor de los ciudadanos que solicitaron la liquidación de las multas ante el incumplimiento de las órdenes previamente dictadas.
Con estas dos decisiones, el Tribunal Constitucional reafirma la obligación de las instituciones públicas de acatar las sentencias y disposiciones emitidas por los órganos jurisdiccionales.