Unas 60 mujeres trans recluidas en cárceles de Paraguay entre 2020 y 2026 denunciaron haber sido víctimas de violencia, exclusión y discriminación dentro de los centros penitenciarios, además de recibir una atención de salud considerada insuficiente.
Las denuncias forman parte del “Diagnóstico Penitenciario Trans”, elaborado por la organización Casa Diversa y difundido este lunes por el estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
El estudio determinó que el 100 % de las entrevistadas calificó la atención de salud recibida en las cárceles como básica o insuficiente.
Entre las principales dificultades identificadas se encuentran demoras prolongadas para recibir atención médica, falta de confidencialidad en asuntos relacionados con la salud sexual y deficiencias en la entrega de medicamentos.
Las mujeres entrevistadas también señalaron situaciones de violencia, exclusión y discriminación dentro de los establecimientos penitenciarios.
El informe busca identificar las condiciones específicas que enfrentan las personas trans privadas de libertad y contribuir a la formulación de medidas destinadas a garantizar sus derechos.
La situación sanitaria constituye uno de los principales aspectos señalados en el diagnóstico, debido a las dificultades que enfrentan las internas para acceder oportunamente a servicios médicos y medicamentos.
El MNP difundió los resultados del estudio como parte de sus labores de prevención y seguimiento de las condiciones existentes en los centros penitenciarios del país.
Las denuncias plantean la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para las personas trans privadas de libertad y garantizar que reciban atención médica adecuada.
El diagnóstico también pone de manifiesto los desafíos relacionados con la discriminación y la inclusión dentro del sistema penitenciario paraguayo.
Las organizaciones que participaron en el estudio consideran necesario que las autoridades adopten medidas para mejorar las condiciones de las mujeres trans recluidas en las cárceles.
Los resultados del informe abren nuevamente el debate sobre las condiciones de las personas pertenecientes a grupos vulnerables dentro de los sistemas penitenciarios y sobre la obligación de garantizar sus derechos fundamentales.