La discusión enfrenta a quienes consideran suficiente el principio constitucional de igualdad y a colectivos que reclaman una protección expresa frente a la discriminación
La acción de inconstitucionalidad presentada por organizaciones civiles de la comunidad LGBTIQ contra disposiciones del Código Penal continúa generando posiciones encontradas. Mientras los colectivos demandantes reclaman mayor precisión para sancionar la discriminación por orientación sexual, abogados que se oponen a la acción defienden la suficiencia del marco constitucional vigente.
La contraparte sostiene que el Tribunal Constitucional no tiene facultad para modificar la Carta Magna con el propósito de responder a las demandas de determinados grupos sociales. Desde esa perspectiva, las pretensiones de organizaciones como COLESDOM carecerían de fundamento jurídico y supondrían, según sus palabras, un intento de “subvertir la Constitución”.
Uno de los principales argumentos planteados es que el principio de igualdad ya se encuentra reconocido en la Constitución dominicana. Por ello, los abogados consideran innecesario incorporar nuevas categorías específicas de protección dentro de la legislación penal.
Para ilustrar su posición, uno de los juristas recurrió a un ejemplo relacionado con las rivalidades deportivas entre liceístas y aguiluchos, señalando que la legislación no puede establecer protecciones particulares para cada grupo existente en la sociedad.
Esta postura contrasta directamente con la de las organizaciones LGBTIQ que impulsan la acción, las cuales consideran necesario que la legislación establezca de manera expresa mecanismos para sancionar la discriminación basada en la orientación sexual.
El debate plantea una discusión más amplia sobre hasta dónde debe llegar la legislación para garantizar la igualdad y proteger a grupos que consideran que enfrentan formas específicas de discriminación, así como sobre los límites de la interpretación constitucional.
Ahora corresponde al Tribunal Constitucional evaluar los argumentos de ambas partes y determinar si las disposiciones cuestionadas del Código Penal se ajustan a la Constitución. El proceso mantiene abierto un debate jurídico y social que trasciende el texto de la ley y toca directamente la discusión sobre igualdad y protección de derechos.